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Detenido
Junio, 2026
En julio de 1976, durante la asamblea de la Cooperativa Excélsior convocada ilegalmente, Julio Scherer y sus colaboradores fueron expulsados, lo que daría pie a la creación de Proceso, y, sobre todo, al distanciamiento de la insana relación entre la prensa y el gobierno. Cincuenta años después, y con la perspectiva que da el tiempo, ¿fue realmente el inicio de la independencia periodística? ¿O sólo fue una efímera esperanza, un espejismo? Y es que, como puntualiza Víctor Roura en el siguiente ensayo, hasta la misma revista Proceso necesitó de publicidad oficial para su sobrevivencia…
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Antes del 8 de julio de 1976 la prensa en México vivía bajo el [descarado mas perfectamente simulado] patrocinio del gobierno a tal grado que no había un solo director de medios de comunicación que no tuviera un contacto directo con el gabinete presidencial, so pena de verse definitivamente excluido de la prebenda publicitaria.
Al siguiente día, el viernes 9 de julio de aquel 1976, el periódico Excélsior salía a la calle con un nuevo director: Regino Díaz Redondo (nacido en 1932, de manera que este año cumplirá 94 años), ya que el anterior, Julio Scherer García (1926-2015), había sido expulsado un día antes en la asamblea llevada a cabo airadamente en las instalaciones de ese rotativo con el consentimiento del mandatario Luis Echeverría Álvarez (que gobernara el país de 1970 a 1976, muerto a los 100 años de edad paradójicamente un 8 de julio pero de 2022, 46 años después de aquel colapso periodístico donde los mandatarios mandaban, válgase el pleonasmo, hasta mero adentro de los medios de comunicación), quien previamente habría dado su aval para efectuar el golpe de esa entonces cooperativa a la dirección periodística, siempre afiliada a los poderes políticos ensayando —como se hacía antes con la aquiescencia gubernamental— una crítica que aparentaba estar disgustada con la burocracia administrativa. Y no debe dudarse de la intervención política por un irrefutable argumento: el periodismo era estrechamente vigilado y autorizado por el Poder Ejecutivo, pues a todas luces la libertad de expresión era regida y financiada por los adláteres de la figura presidencial. Luis Echeverría, como buen político que era, siempre negó —sistemáticamente— su participación en el conflicto de Excélsior, del mismo modo en que decía, aun nonagenario, no haberse involucrado —cuando fungía como secretario de Gobernación en el mandato de Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979)— en la matanza del 2 de octubre de 1968, como siempre negó que él fuera el que prohibiera cualquier actividad roquera en México luego del Festival de Avándaro: negar lo realizado ha sido una fórmula política permanente con resultados óptimos para los involucrados.
Ese día, el 8 de julio de hace medio siglo, significó, y aún lo simboliza (aunque el intento no se haya todavía concretado), el principio —por lo menos teórica, que ni eso había— de la desatadura periodística del rubro institucional, de ahí que ningún director de cualquier medio escrito (sobra decir que los electrónicos, desde su inicio, son dependientes del discurso oficialista ya que los canales digitales, hasta el momento, han exhibido comicidad, argüendería e inflamación de noticias regularmente falsas, apegados —estos medios— no sólo a las ordenanzas provenientes del aparato gobernante sino, sobre todo, del caudal económico que de allí se desprende) fuera, antes de esa fecha, realmente independiente, a pesar de su posible simulacro en contrario.
(Ciertamente, Alarma! no dependía de la caridad financiera del gobierno, mas su contenido no era específicamente de situaciones políticas: pese a ello, el gobierno, al no poder controlarlo, causó estropicios al interior de la publicación hasta su cierre en el año 1986, volviendo a salir posteriormente, de manera intermitente y ya no con la misma fuerza editorial de antes —de 1963 a 1986— hasta su cierre definitivo en 2014 con la muerte del periodista Carlos Samayoa Lizárraga, fundador de la revista semanal Alarma! desde su aparición el 17 de abril de 1963, pero, aunque básicamente su línea editorial era la nota roja mexicana, tuvo diversos problemas de censura con los vigilantes de la prensa nacional, que les molestaba, como les molesta hoy, que los periodistas quieran manejarse por sí s0los, como ese tal Samayoa Lizárraga.)
Por eso se celebraba, hasta el arribo del panismo, cada 7 de junio —a partir de 1951 desde el alemanismo— una fiesta donde los periodistas rendían tributo (no a sí mismos sino) al presidente de la República en turno, que a su vez se dejaba festejar otorgando premios a los que los solicitaban de acuerdo a una convocatoria establecida y rigurosamente evaluada por un comité orgánico instalado por los periodistas en la cúpula, a falta de un colegiado especializado, que calificaba a los concursantes de acuerdo a los compadrazgos y las obediencias reinantes, razón por la cual luego los “afortunados” resultaban ser los supuestos críticos del gobierno que sabían jugar el juego de las atenuadas simulaciones intelectuales.
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Pese a la circunstancia que fracturó a la prensa mexicana por la abrupta escisión en Excélsior, finalmente un acto de prepotencia gubernamental, estos banquetes de compensación y jolgorios de la clase política dedicados al submundo periodístico (cada 7 de junio, como ya se apuntó) continuaron realizándose, sin sombras luctuosas, por más de un cuarto de siglo después sin verse afectados estos convivios suntuosos de mutuo consentimiento hasta la llegada en el año 2000 de Vicente Fox Quesada al poder de la nación, que los suspendiera de pronto más por una indiferencia desilustrada (¿quién puede olvidar cuando Fox Quesada llamó a Borges, en Valladolid en 2001, “José Luis Borgués”?) que por una decisión fehaciente de soltar las amarras oficiales por fin del sector informativo porque, ignorante como es el expresidente de la Coca Cola en México, lo que le interesaba al marido de Marta Sahagún era el lucimiento personal en la pantalla electrónica, de ahí que al final de su sexenio Televisa lo despidiera con albricias incorporando a la primera dama en un scketch cómico en un programa de Eugenio Derbez. Y si aún cada 7 de junio los mandatarios hacen una pequeña disertación sobre la libertad de expresión, ya sin fiestas ni premios, es más por una costumbre arraigada que por una sincera demostración de afecto por el oficio informativo.
El nexo ineludible de los directivos de las publicaciones con el alto mando político puede sorprender ahora (cuando varios de los beneficiados del morenismo de igual modo lo fueron en el priismo y en el panismio, mas en aquellos tiempos —recuérdese— la crítica, o los que aparentaban ser críticos, recibieron cientos de miles de pesos de la mano del Señor Presidente —es sólo hacer un ejercicio de memoria: ¿cuántos no recibieron del Señor Presidente cientos de miles de pesos siendo, los premiados, críticos del mandatario de quien recibían, gustosos, el dinero, curiosamente en estos momentos evidenciados morenistas a quienes el gobierno les continúa otorgando cuantiosas prebendas por ser feroces críticos ya no del sistema sino de los que se oponen al sistema político?—), pero antiguamente, hace medio siglo, era una situación natural, digamos necesaria, indispensable, insustituible, para la marcha próspera de un medio —ese inevitable nexo entre prensa y clase política—, cuyos pactos publicitarios con las diversas Secretarías y los poderes estatales contribuían, y contribuyen, al enriquecimiento de las empresas —patrones— periodística(o)s, porque en sociedades de aparente democracia las cosas funcionan exactamente de esa manera: con complicidades y relaciones indisolubles, de ahí que, debido a esta adherencia entonces justificada, se daban casos que pueden ahora resultar fiascos conmovedores, como el zalamero recibimiento que hicieran Julio Scherer García y Juan Francisco Ealy Ortiz al presidente Gustavo Díaz Ordaz el 7 de junio de 1969, ¡ocho meses después de la masacre en Tlatelolco perpetrada justamente por el mandatario poblano!, para celebrar con efusividad el Día de la Libertad de Expresión. ¡Porque desligarse del poder presidencial representaba aislarse de las ganancias presupuestarias del gobierno!
Por eso el castigo de Luis Echeverría —en 1976— hacia el equipo periodístico que presidía Scherer García fue, por decir lo menos, ejemplar: se eliminaba de súbito a todos aquellos que actuaban críticamente creyendo, ja, que el ejercicio de la prensa podía desarrollarse, cretinos e impulsivos, de manera independiente del poder político. El gobierno no sólo controlaba el papel con que los periodistas imprimían su trabajo, sino también ejercía un tabulador en su catálogo publicitario para deshacerse de los incómodos (tal como lo hace ahora el morenismo: la misma gata pero revolcada): el gobierno, democrático de dientes para fuera, repartía su propaganda con los que se disciplinaban y edulcoraban su lenguaje (de ahí esas técnicas y tácticas poderosamente ambiguas que hacían no quedar mal ni con Dios ni con el Diablo que, con diestra verbalidad, han usado escritores como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín o académicos de facultades universitarias que ocupan los espacios editoriales en los grandes diarios), criterios oficiales aún usuales, hoy en día, sólo ligeramente encubiertos o revestidos de falsa imparcialidad con el fabuloso e impermeable pretexto de la escasez de dinero (o su distribución hacia sectores antes olvidados), aunque los favoritismos continúan rigiendo de manera desbocada o escandalosamente sutil.
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No hay dinero, dicen las autoridades, pero sí hay, siempre, para los empresarios, intelectuales o no, que comparten pactos y complicidades presupuestarias, elemento clave en deshonrosas democracias, de aparador discursivo. Porque en México, y esto es un conocimiento generalizado, ningún medio de papel (ya muy pocos, casi ninguno), y tampoco los electrónicos (sin considerar a las televisoras de paga), puede sobrevivir nada más por sus lectores o espectadores. Y las instituciones, privadas o públicas, en una verdadera democracia (no simuladora), debieran divulgar las actividades de su entorno con sus mensajes publicitarios, porque para eso cuentan con su respectivo rubro monetario, dinero que es acortado o uniformado o parcializado por los gerentes que lo reparten, jacarandosos, a los medios de su preferencia o sometidos periodísticamente (¿cuántos miles de millones de pesos, pese a que se insiste en que el gobierno no tiene dinero para ese uso, absorbió, por ejemplo, Televisa sólo en el sexenio de Peña Nieto y no fue, acaso, la misma Televisa el medio que se llevara durante el sexenio obradorista el primer lugar en porcentaje financiero en lo concerniente a la repartición publicitaria oficial?).
Por eso mismo, la osadía de crear una publicación (Proceso, 6 de noviembre de 1976) un mes antes de que finalizara la gestión de Luis Echeverría era, fue, es, un acto de arrojo en la prensa moderna del país, inédito hasta ese momento, porque el periodista se puso entonces, como debía de ser, a la altura del ente político, cosa que no había sucedido en la nación: mientras aquí se temía a Díaz Ordaz, en Estados Unidos la buena prensa hacía dimitir, en 1974, a Richard Nixon por su espionaje en el caso Watergate, así que esta “liberación” mexicana de la prensa, la de 1976, ocurre dos años después de la renuncia del presidente norteamericano, donde los periodistas se confrontaban con hondura y honradez a la perversión del sistema político, tal como lo hace en estos días con Donald Trump quien cree que una opinión contraria a la suya significa un asalto a su identidad.
Medio siglo después, no obstante, el Estado mexicano continúa afianzando los controles de la prensa ahora de manera no tan descarada sino de modo elíptico, con la complicidad alterna de periodistas que cobran por sus silencios, o son desalojados de sus sitios laborales por arriesgarse a alterar los órdenes establecidos (o amenazados o muertos a sabiendas de la permanente impunidad a la que orilla el sistema de justicia en México).
¿Por qué no legislar, entonces —como lo prometiera demagógicamente López Obrador—, la equidad publicitaria oficial en los medios para (uno) evitar, de una vez, la corrupción y la insania, también impunes, de localizados periodistas que se han apropiado, con su poder económico, de las libertades expresivas a su muy personal modo de conducirse venalmente y para (dos) propiciar una tangible democracia informativa en beneficio de la sociedad?
En una verdadera democracia ganaría la prensa honrada, no los periodistas vividores de la información como ocurre mayoritariamente en México. Porque este es también un contexto intocado: la fidelidad o la ramplonería periodística al principado, de ahí la existencia de periodistas como Regino Díaz Redondo a quien más le importó la perspectiva de su lustroso cauce económico que el significado periodístico de la rotura de la asamblea del 8 de julio de 1976, como el importamadrismo de Alejandro Cacho cuando suplió, deficientemente, el lugar que ocupaba Carmen Aristegui en MVS, preocupado más por su solvencia financiera que por la gravedad del despido de la conductora (por haber delatado al peñanietismo en la compra de una mansión millonaria que no era sino un acto de corrupción). Porque así como un obrero —o un futbolista, una trabajadora doméstica, un funcionario, un burócrata, una prostituta, un profesor o una secretaria o una bailarina o un arquitecto, un músico o un archivista o una bibliotecaria— desplaza a otro sin un gramo de solidaridad con el empleado despedido, de la misma manera un periodista ocupa el sitio de otro sin averiguar (o simplemente no importándole) las razones de su contratación —en Notimex, por ejemplo, los sindicalistas querían matarme sólo por el hecho de no formar parte de sus filas sin importarles un gramo mi visión del periodismo.
Porque ahora se dice que el esquirolaje es nada más una figura relativa (“tienes que mirarte primero a ti mismo que a los demás”), no del todo acusatoria, no determinantemente inquisitiva, no abiertamente deformante. El esquirol en la prensa está por estudiarse, si bien su historia es amplia e incluso involuntariamente documentada.
El 8 de julio de 1976, con la salida de Excélsior hacia la calle de una veintena de pródigos periodistas, en realidad, fue sólo una demostración impávida de su visible expulsión de la casa informativa, porque en la práctica periodística (quizás sólo al principio de Proceso debido a la ira acumulada de Scherer García contra el poder presidencial) no tuvo a la larga significados concretos, pues hasta la misma revista Proceso necesitó de publicidad oficial para su sobrevivencia: la breve marcha callejera periodística del 8 de julio de 1976 fue, sí, una alusión a los poderes políticos, nunca antes imaginada en México, sólo para, con el paso del tiempo, volver a dejar las cosas exactamente en el mismo lugar donde estaban. 
