Mayo, 2023
A partir de 1960, la explotación de la gran reserva petrolera de Ecuador, a manos tanto privadas y extranjeras como públicas, empezó a dar sus frutos y los petrodólares empezaron a fluir. Sin embargo, seis décadas más tarde, el país sigue asfixiado por la deuda, mientras se empieza a dar cuenta de cómo la obsesión con el petróleo ha ido destruyendo su tejido social y su patrimonio natural y cultural. “Arruinar el lugar más biodiverso del planeta para tener 10 años de petróleo es, simplemente, un suicidio”, subraya el investigador Carlos Larrea. Expertos señalan la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo frente a la inviabilidad social del modelo extractivista.
El país ya arrastraba una deuda importante cuando, en los años cuarenta del siglo pasado, Shell agujereó por primera vez el suelo de la selva. Allí, a los pies de las cordilleras de las que nace la Amazonía, Ecuador quería empezar a construir la salida del laberinto económico en el que llevaba metido desde los tiempos de la colonia. Pero el petróleo que encontró Shell allí era demasiado denso, demasiado caro de exportar, demasiado poco rentable. El país volvió a enterrar sus sueños de gran productor de crudo, pero no sería por mucho tiempo.
A partir de 1960, la explotación de la gran reserva petrolera de Ecuador, a manos tanto privadas y extranjeras como públicas, empezó a dar sus frutos y los petrodólares empezaron a fluir. Sin embargo, seis décadas más tarde, el país sigue asfixiado por la deuda, mientras se empieza a dar cuenta de cómo la obsesión con el petróleo ha ido destruyendo su tejido social y su patrimonio natural y cultural. En ningún sitio es más clara esta relación que en la selva del Yasuní, uno de los bosques más biodiversos del planeta y refugio de algunos de los pocos grupos indígenas aislados que todavía quedan en el mundo.
Ahora, una decisión de la Corte Constitucional de Ecuador —demorada durante casi una década— podría cambiar para siempre el rumbo extractivista del país.
Al sur del río Napo
En una hectárea de su bosque crecen tantas especies de árboles como en toda América del Norte y no hay lugar en el mundo con tantos tipos de plantas diferentes. En el interior de la selva del Yasuní, un bosque húmedo de la cuenca alta del Amazonas que se extiende a unos 250 kilómetros al este de Quito, se ocultan también 150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves y más de 200 de mamíferos, incluyendo al primate más pequeño del mundo, el mono de bolsillo. Territorio de la nación indígena huaorani, en el Yasuní viven también los grupos tagaeri y taromenane, que han permanecido aislados del resto del mundo de forma voluntaria durante las últimas décadas.
En 1979, ante el aumento de la presión de la actividad petrolera, Ecuador creó el Parque Nacional Yasuní, una zona protegida de un millón de hectáreas ubicada entre el río Napo y el río Curaray. Una década más tarde, la UNESCO amplió la conservación de la zona con la Reserva de Biosfera Yasuní, de 1,7 millones de hectáreas. “Su estado de protección, pese a la explotación petrolera y muchas otras amenazas, sigue siendo muy alto”, señala Carlos Larrea, profesor-investigador de Universidad Andina Simón Bolívar y antiguo asesor técnico de la iniciativa Yasuní-ITT que intentó frenar la explotación petrolera de la región.
Pero la riqueza del Yasuní se extiende mucho más allá del parque. “La biodiversidad amazónica se concentra en las zonas donde confluyen los Andes y la selva, con unas condiciones de humedad muy estables, y la radiación solar es más alta. Estos tres factores se dan al este de la Amazonía ecuatoriana”, añade Larrea. “Nunca debía haber habido el menor intento de explotación petrolera en el Yasuní. Su biodiversidad es de una importancia estratégica”. Sin embargo, la historia de este territorio es una historia de extractivismo, una historia de deforestación, perforaciones y destrucción del patrimonio cultural y natural del país.
Enterrar el petróleo a cambio de qué
El mapa de Ecuador está atravesado por las tres ramas de la cordillera de los Andes. Al este, hacia el Pacífico, se concentran la mayoría de pueblos y ciudades. Al oeste, está la selva, y los bloques petroleros. El mapa del país está dividido en casi 90 bloques de explotación de petróleo, zonas en las que se pueden asignar permisos de extracción. Unos pocos están en la costa, pero la mayoría se concentran en territorio amazónico. Los más productivos están en la zona del Yasuní, en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, abreviados como ITT. El último estudio que se hizo en profundidad en la zona, en el año 2004, determinó finalmente que la reserva allí era de 850 millones de barriles de petróleo.
Por el Yasuní han pasado, además de Shell, Chevron-Texaco, Repsol y Sinopec, entre otras, aunque en la actualidad la explotación la administra por completo la Empresa Pública Petroecuador. Sin embargo, hubo un tiempo en que las grandes petroleras y las corporaciones públicas vieron que podían arriesgarse a perder su pastel fósil, un tiempo en que Ecuador puso sobre la mesa una iniciativa única para mitigar el cambio climático y cambiar el modelo de desarrollo: dejar el petróleo bajo tierra a cambio de fondos para el desarrollo sostenible del país.
“Que explotar el petróleo solucionará la situación de deuda es uno de los principales argumentos de la industria petrolera y de casi todos los gobiernos que ha tenido Ecuador, independientemente de su color político. Dicen, ‘Ecuador es un país pobre, con muchas necesidades, cómo se puede permitir el lujo de no explotar su petróleo’. Sin embargo, muchas investigaciones señalan que la ganancia para el país es escasa y que la mayoría de los ingresos se va afuera”, señala Alexis Rivas, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y autor del libro Los últimos grupos del Yasuní, sobre los pueblos indígenas aislados de la Amazonía ecuatoriana.
Consciente de esa realidad, y tras una oferta de la estatal china Sinopec para empezar a explotar el petróleo del Yasuní en 2007, el Gobierno de Correa creó la iniciativa Yasuní-ITT: la idea era que Ecuador se comprometía a dejar la reserva sin explotar a cambio de una contribución internacional para crear un fondo administrado por la ONU para la transición energética y ecológica. “El acuerdo firmado con la ONU es el único existente en un país petrolero para dejar el crudo bajo tierra”, añade Larrea. “Pero lo intereses petroleros [y la baja respuesta del resto de países, ya que sólo se reunieron 13 de los 3600 millones pretendidos] hicieron que en 2013 se cancelase la iniciativa”.
Extracción estatal de petróleo junto a la china Sinopec
A partir de ahí, el Gobierno de Correa y los que le sucedieron siguieron el mismo camino que sus predecesores, convencidos de que iban a obtener gran cantidad de recursos si explotaban el petróleo. En 2016, la empresa estatal reanudó la extracción en el Yasuní junto a Sinopec. Desde entonces se han construido multitud de carreteras, se ha deforestado la selva hasta los límites del propio parque, se han contaminado ríos y se ha alterado la forma de vida de los huaorani, tanto de los grupos que permanecen aislados como de los que no.
“Ecuador reconoce los derechos de los pueblos indígenas, pero estos son dueños sólo de la superficie de su territorio y de unos 10 centímetros de profundidad de suelo. Todo lo que esté para abajo y para arriba es del estado”, explica Alexis Rivas. “Así, cuando se firman convenios de extracción, la empresa petrolera se compromete a entregar ciertos bienes o servicios a cambio del acceso al territorio, pero no al subsuelo. De esta manera se establece un modelo clientelar, a los indígenas se les entrega harina, comida enlatada o gaseosa, televisores y conexiones satelitales, pero no verdadero desarrollo”.
Para el profesor e investigador, la situación con los pueblos indígenas aislados (oficialmente, dos, aunque es probable que haya cuatro grupos o más), es todavía más delicada. Estos grupos desconocen la existencia de límites, fronteras y acuerdos de extracción, y han sufrido de forma habitual persecuciones y violencia. “Sobre todo, por parte de otros grupos indígenas, motivados en mayor o menor medida por agentes externos vinculados al petróleo”, señala Rivas. “También daños sufren indirectos, como espacios ocupados, derrames y contaminación o destrucción de selva en las que tienen sus plantaciones dispersas de yuca”.
La trampa petrolera del Yasuní (y la salida judicial)
Cada año, Ecuador produce una media de 480 000 barriles de petróleo, la mitad de los cuales proviene del bloque ITT. La cifra lleva estancada una década, a pesar de los esfuerzos para incrementarla, y la situación económica del país no ha dejado de empeorar. “Después de 50 años de extracción petrolera, Ecuador tiene una deuda externa muy difícil de solucionar, un tercio de la población bajo el umbral de la pobreza y una alta tasa de empleo informal de baja productividad que afecta a la mitad de la población”, explica Carlos Larrea.
Para el profesor y exasesor de la iniciativa Yasuní-ITT, los países petroleros suelen tener dificultades para transformar el petróleo en un instrumento de desarrollo social por una serie de problemas, como la corrupción, siempre vinculados al petróleo. Ecuador no es diferente. “El problema de fondo es que las reservas petroleras de Ecuador van a durar muy poco tiempo. El país dejará de ser un exportador neto de petróleo en tres o cuatro años, aun si se mantiene la explotación del Yasuní-ITT. Y si la demanda va bajando para mitigar el cambio climático, lo más probable es que el precio caiga. La inversión en petróleo es de alto riesgo a largo plazo”, añade.
“Una vez que se termine la fase de exportación y Ecuador se convierta en un importador neto, ¿qué futuro nos queda? Dependemos del crudo e importamos casi todos los derivados. Tenemos que encontrar una forma de contribuir al desarrollo y la mejora de las condiciones de vida. El único patrimonio que tiene el país es su diversidad cultural y biológica y su patrimonio histórico”, señala Larrea. Tanto para él como para Alexis Rivas, la salida debe estar en el lado del aprovechamiento sostenible del Yasuní y el resto de la selva, mediante actividades como el ecoturismo o el uso de los recursos genéticos para la industria farmacéutica o la cosmética apoyados por el saber indígena y tradicional, que debe ser sujeto central del desarrollo.
“Arruinar el lugar más biodiverso del planeta para tener 10 años de petróleo es, simplemente, un suicidio”, subraya Carlos Larrea. “Se puede avanzar hacia un nuevo modelo no extractivista. El problema es que son necesarios acuerdos políticos y un modelo de posdesarrollo que están lejos de alcanzarse”, añade Rivas. En el horizonte cercano, sin embargo, dos decisiones judiciales pendientes podrían aclarar mucho más el futuro del Yasuní.
Tras cancelarse la inicitiava Yasuní-ITT, surgió un fuerte movimiento social (Yasunidos) que recogió más de 700 000 firmas pidiendo que se hiciese una consulta nacional sobre la explotación del petróleo amazónico. Correa ignoró esas firmas y la Corte Constitucional del Ecuador ha emitido una sentencia asegurando que esto se hizo de forma fraudulenta. El 9 de mayo, el tribunal se pronunció finalmente a favor de Yasunidos, sentenciando que el país debe llevar a cabo una consulta popular sobre si crudo del bloque petrolero 43, en el Yasuní, debe permanecer indefinidamente bajo el subsuelo. Según la organización, la consulta deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 75 días.
Por otro lado, después de que, en el año 2013, 14 personas de un grupo indígena aislado fuesen asesinadas por otros indígenas vinculados a empresas petroleras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una demanda de quienes dicen representar los indígenas aislados solicitando su protección. El veredicto final debería llegar también en el próximo año y podría incluir medidas que restringiesen la actividad petrolera en el Yasuní.
“Costa Rica es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Tiene un índice muy alto de desarrollo humano, deforestación cero y protege su biodiversidad”, concluye Carlos Larrea. “Mientras, Ecuador sigue destruyendo su patrimonio natural a un ritmo escandaloso. En las políticas públicas, los temas ambientales no son prioritarios. Necesitamos cambiar el modelo de desarrollo a largo plazo, es la única esperanza para esquivar una crisis profunda vinculada a la inviabilidad social del modelo extractivista, como la que está ya afectando a Venezuela o Perú”. 
