Ilustración tomada de El libro negro del cine mexicano, de Miguel Contreras Torres.

Ilustración tomada de El libro negro del cine mexicano, de Miguel Contreras Torres.

¡Jenkins estrangula al cine!

El legendario Yo acuso contra el monopolio de COTSA.

Guionista y crítico cinematográfico, el narrador durangueño José Revueltas denunció, a través de las páginas de la revista Hoy, el monopolio y la competencia desleal en la industria fílmica nacional del monopolio construido por William O. Jenkins. Se reproduce un fragmento de Revueltas lanza un Yo acuso. ¡Jenkins estrangula al cine!, correspondiente al 29 de octubre de 1949, en el que explica la manera en la que las salas de cine lograban sacar de cartelera las películas únicamente para lograr mayores ganancias al reestrenarlas ya con tarifas planas y no porcentaje de la taquilla.


Es lógico que la producción cinematográfica esté vinculada, en mayor o menor grado, a las personas, organismos o instituciones de quienes dependa, correspondientemente, el mayor o menor volumen de sus créditos. En la actualidad es el Banco Nacional Cinematográfico la institución que refacciona para garantizar la recuperación del capital invertido. El Banco Cinematográfico cuenta con un organismo para la distribución de películas que se denomina Películas Nacionales (Pelnal), con el carácter de sociedad de responsabilidad limitada, de interés público y capital variable. Los productores refaccionados por el Banco, en consecuencia, se obligan a poner sus películas en manos de esta sociedad, la que, a su vez, entrega el material a los exhibidores para su explotación.

Teóricamente, esto es impecable. Impecable, inobjetable, hasta que no se intenta condensar en algo concreto esa última instancia económica de cualquier película, que es su exhibición. ¿Quiénes exhiben películas, cómo y qué condiciones?

La respuesta parece muy fácil: son los empresarios de las salas, que adquieren un material determinado, conforme a su criterio comercial, y pagan a su dueño, por exhibirlo, una cantidad que representa cierta parte de los ingresos que tenga la película en cuestión. A nadie se le ocurriría que esta respuesta no fuese la más adecuada, la más natural y lógica.

Sin embargo, no es así. Por más asombroso que parezca, no es así.

Los dueños del ochenta por ciento de los cines de la República compran el material mexicano para quemarlo, es decir, para ofrecerlo al público en un número limitado de sesiones, aun cuando ese material resista económicamente en la pantalla un tiempo muchísimo mayor. A primera vista esto parecería ir contra los intereses de esos dueños. ¿Por qué retirar una película de la pantalla cuando aún puede rendir utilidades? El misterio sólo tiene una explicación: porque los dueños del ochenta por ciento de los cines pueden disponer —y disponen— a su antojo, del cien por ciento de las películas mexicanas, sin posibilidad de competencia, y el quemar de inmediato un producto les permite explotar más adelante ese producto pagándole un menor precio. Este procedimiento es posible gracias a que el ochenta por ciento de los cines está en manos de un monopolio que integran tres personas, dos visibles y una invisible: Espinosa (Manuel Espinosa Yglesias) —de la Operadora de Teatros—, Alarcón (Gabriel Alarcón) —Asociación Nacional de Exhibidores— y el americano Jenkins (William O. Jenkins), quien constituye el poder detrás del trono.

Ante esto, los propietarios del veinte por ciento restante de los cines, no tienen otras perspectivas que cruzarse de brazos. Por ejemplo, el cine Obregón, en Guadalajara, que pertenece a propietarios independientes, no ha podido exhibir películas mexicanas desde agosto de 1948, fecha en que se inauguró. El Ocampo y el Morelos, de Cuernavaca, tienen tres años sin poder exhibir películas nacionales. A los teatros Alameda, Azteca y Potosí, de San Luis, sólo se les dieron cinco películas mexicanas este año y para el próximo se les suprimirá en absoluto el suministro. El teatro Mérida, de Yucatán, no ha podido inaugurarse a causa de que el monopolio Jenkins le niega películas nacionales, que son las preferidas del público. Como éstos podrían citarse muchos casos más.

Pero veamos cómo opera el monopolio. En primer lugar, recurre a la firma de contratos de explotación exclusiva con los distribuidores. Esto requiere decir que el distribuidor no puede alquilar su película ni aun los exhibidores que se encuentren en otras plazas no controladas por el monopolio. Añádase a esto ejemplos como el de los cines que controla Gabriel Alarcón en Veracruz, Xalapa y Orizaba, donde se ha estipulado con los distribuidores que sus películas sólo sean exhibidas durante cuatro días bajo el sistema de porcentaje, después de lo cual serán explotadas a un precio fijo de novecientos pesos. Si la película tuvo buen éxito durante su exhibición a porcentaje con el distribuidor, en esos cuatro días, en lo sucesivo, sobre la base de un precio fijo, siete mil y seis mil pesos, respectivamente, por película A y B, con los ingresos para el exhibidor rebasarán sin duda las marcas anteriores. En Yucatán, el monopolio explota las películas a precio fijo, su derecho a explotarlas y subdistribuirlas dura dieciocho meses. Sin embargo, el distribuidor no puede recurrir a ningún exhibidor independiente que le ofrezca mejores condiciones, porque sobre él está la amenaza de que sus películas no se corran en otras partes del país que están bajo el control del monopolio.

En San Luis Potosí, un destacado personaje del monopolio Jenkins se aproximó a cierto propietario independiente para proponerle la fusión de los cines de la localidad dentro de un sólo negocio. El propósito de tal fusión sería, en apariencia, rebajar el porcentaje que se paga al distribuidor, de un cuarenta a un treinta y cinco por ciento. A cambio de esta dudosa ventaja, el monopolio ofrecía suministro de películas mexicanas, siempre y cuando el exhibidor independiente accediera a otorgar al propio monopolio un diez por ciento sobre las entradas brutas de sus cines. El destacado personaje del monopolio que propuso esta vergonzosa transacción, digna de un raquetero, fue un enviado de Espinosa —según mis informes—, si no es que Espinosa mismo en persona. La víctima iba a ser el señor Alfredo Lasso de la Vega.

Se dice que a raíz de que los cines de don Emilio Azcárraga se fusionaron con los de Gabriel Alarcón, éste amenazó a los distribuidores —¿Películas Nacionales?— con no pasar sus películas en el interior de la República si es que habían proporcionado material a exhibidores independientes en el Distrito Federal.

El empresario Quiroga, de Acapulco, dueño del cine Tropical, no puede exhibir películas mexicanas, pues desde que inauguró su sala, en septiembre de este año, los distribuidores fueron amenazados de no exhibir las películas que le proporcionaran a Quiroga en ninguno de los cines de Guadalajara, Morelia, Aguascalientes, León, Querétaro, Celaya, Guanajuato, Fresnillo y Zacatecas.

Sin necesidad de que sea preciso ofrecer más detalles, ésta es la situación por la que atraviesa el cine mexicano.

Películas Nacionales, a pesar de ser un organismo semioficial a través de cuyo funcionamiento realiza el banco su movimiento de recuperación de inversiones, se ha visto obligado a ceder ante el monopolio Jenkins y, en lo sucesivo, irá cediendo cada vez más. Los porcentajes que paga el monopolio por concepto de exhibición han comenzado a reducirse y no hay ningún indicio de que en lo futuro no continúen haciéndolo. Esto planteará muy pronto a los productores el problema de castigar los costos de producción, lo que en primer término representa una amenaza para los trabajadores.

Pero en medio de todo se ventila un problema de importancia nacional. Atrás de Alarcón y Espinosa, los testaferros visibles del monopolio, está la siniestra figura de Jenkins y el capital americano. Jenkins es un antiguo y terco enemigo de México. En alguna ocasión trató de promover un incidente internacional con Estados Unidos, pretendiendo que interviniera el departamento de Estado a pretexto de que el propio Jenkins había sido víctima de un secuestro. Más tarde se comprobó que el organizador del secuestro no había sido otro que Jenkins en persona.

El cine mexicano no está en peligro de desaparecer. Está en peligro de convertirse en el instrumento de los intereses más oscuros y agresivos que existen contra la patria mexicana. Los mexicanos que se prestan al juego de estos intereses —y no vacilamos en citar los nombres de Espinosa y Alarcón— sólo pueden calificarse con una palabra: traidores.

Es de esperarse que trabajadores cinematográficos, productores y exhibidores independientes, hagan a un lado sus diferencias circunstanciales para presentar un solo frente de lucha, con el apoyo del gobierno, a fin de que se conjure la grave amenaza que pesa sobre el cine nacional.

* Estos textos forman parte de “El conocimiento cinematográfico y sus problemas”, del volumen Obra varia II,  incluido en la Obra reunida publicada en coedición por Ediciones Era, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto de Cultura del Estado de Durango, la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero y la Universidad Autónoma de Coahuila, en diciembre de 2014. Agradecemos a Ediciones Era el permiso otorgado para su reproducción.

Publicado originalmente en la revista impresa La Digna Metáfora, septiembre de 2019.

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