Marzo, 2024
Hace nueve años, Saúl Luciano Lliuya demandó a la compañía germana RWE por los riesgos que el cambio climático había traído a su ciudad, Huaraz, con el deshielo de los glaciares de los Andes. El litigio encara ahora unos meses decisivos. Antes o después, señala aquí la abogada que lo representa, “las cortes van a terminar dándonos la razón. Las empresas tienen que empezar a darse cuenta de que no pueden operar sin tener una responsabilidad global sobre sus impactos”.
La tierra es fértil a los pies de la Cordillera Blanca. A pesar de estar a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en los alrededores de la ciudad de Huaraz, capital de la provincia peruana del mismo nombre, se cultivan papa, trigo e incluso fresas. Aunque la localidad tiene en el turismo de montaña su principal fuente de ingresos, en Huaraz muchas familias tienen una chacra, que es la palabra quechua para referirse a una pequeña casa con un terreno de cultivo a su alrededor. El protagonista de esta historia, Saúl Luciano Lliuya, es uno de estos agricultores.
Junto a su mujer y sus dos hijos, Saúl comparte una casa en Huaraz y una chacra en Llupa, un pueblo en dirección a las montañas. Allí plantan papa, maíz, trigo y hierbas aromáticas. Casi todo es para consumo propio, aunque en años de buena cosecha también tienen algunos excedentes para vender. Pero los años buenos son cada vez menos porque las tierras de las faldas de las montañas están perdiendo su principal fuente de agua, la que durante siglos ha descendido desde los glaciares a través de las quebradas y los ríos. El cambio climático está dejando Perú y el resto de países andinos sin sus “nevados”, montañas permanentemente congeladas, vestigios de la última gran glaciación. Y con ellos desaparece también el agua.
“Todos aquí lo vemos. Las montañas están desapareciendo y el agua ya no es tan abundante como antes. Los glaciares son más pequeños y los pastos, menos abundantes. Es algo que sabemos desde hace tiempo y que nos tiene a todos muy preocupados”, explica Saúl Luciano Lliuya, que compagina su trabajo como agricultor con el de guía de montaña durante la temporada turística. Pero la inseguridad hídrica que supone perder la única fuente de agua estable en la región no es el único problema.
Perú alberga más del 70 % de los glaciares tropicales del mundo. En los últimos años, su derretimiento ha creado más de 3.000 nuevas lagunas y 500 de ellas presentan riesgo de desborde, según los últimos datos del Ministerio del Ambiente (Minam). Este riesgo también existe para las lagunas glaciares antiguas, como la Palcacocha, a unos 27 kilómetros en línea recta desde Huaraz. Desde 1975, ésta ha multiplicado su volumen por 34 debido al retroceso de los glaciares que la alimentan. Ya en 1941, el desprendimiento de un gran bloque de hielo causó un aluvión que destruyó parte de la ciudad. Desde entonces, se vive con miedo a que el desastre se repita.
De hecho, la laguna está monitorizada en todo momento y existe un sistema de diques y tuberías de desagüe que intentan mantener su nivel controlado. Aun así, el riesgo de desborde y aluvión sigue siendo elevado: en la última década los gobiernos regional y central han declarado el estado de emergencia en la zona en varias ocasiones. “Si no hacemos nada, el problema no va a desaparecer”, añade Lliuya. “Esa era la motivación principal que tenía cuando Germanwatch me dio la oportunidad de demandar a RWE”.
Saúl Luciano Lliuya frente a RWE
Hace una década, Saúl Luciano Lliuya conoció a varios activistas de la ONG alemana Germanwatch a través de su padre. Éstos le presentaron la oportunidad de demandar a la mayor energética de su país, RWE, por su contribución al cambio climático. De acuerdo con el informe The Carbon Majors Database, la compañía emitió el 0,47 % de todos los gases de efecto invernadero bombeados a la atmósfera entre 1988 y 2015. Está lejos de cifras como el 4,5 % de Saudi Aramco o el 3,9 % de Gazprom, pero aun así el dato la coloca entre las 50 energéticas más contaminantes del planeta.
Como responsable parcial del cambio climático y de sus efectos en el entorno de Huaraz, desde Germanwatch entienden que los habitantes de la región tienen derecho a reclamar a RWE una compensación que les ayude a minimizar los riesgos derivados del deshielo de los glaciares. Con este objetivo, Saúl Luciano Lliuya presentó la demanda en 2015 ante el Tribunal Regional de Essen, que la desestimó al año siguiente. La decisión fue recurrida ante el Tribunal Regional Superior de Hamm, que en una primera valoración sí reconoció que los grandes emisores como RWE podían estar obligados a apoyar a las personas de los países pobres afectadas por los daños climáticos.
“Lo que solicita la demanda es que RWE se haga cargo de una parte del coste de la construcción de un dique de aseguramiento para proteger a más de 50.000 personas en Huaraz de una inminente inundación”, explica Andrea Tang, abogada peruana y consultora para Germanwatch. “La demanda está basada en un artículo del código civil alemán, que está presente de forma similar en otras legislaciones, como la española y la peruana. Este artículo regula la protección frente a perturbaciones de la propiedad y el derecho a solicitar que se deje de interferir en la propiedad y solicitar una indemnización si hay daños”.
Dos jueces alemanes en los Andes
El tribunal de Hamm decidió, a finales de 2017, empezar a recabar evidencias sobre el caso, lo que incluía una visita a Huaraz y a la laguna Palcacocha. Pero entre trámites burocráticos y diplomáticos y el parón de la pandemia, el viaje se retrasó hasta mayo de 2022. Durante ese mes, dos jueces del tribunal de Hamm recorrieron la zona acompañados de científicos alemanes y austriacos expertos en glaciares y representantes de Germanwatch y RWE. En noviembre de 2023, se publicó finalmente el informe de los peritos y ambas partes han tenido tiempo de presentar sus respuestas. Por ahora, toda esta información sigue siendo confidencial, aunque se hará pública en los próximos meses, cuando el proceso encare su recta final.
“El clima es un asunto extremadamente complejo, muy variable. A nivel global, el número de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y de contribuyentes al cambio climático, tanto naturales como artificiales, es inmenso. En nuestra opinión, es jurídicamente imposible relacionar las consecuencias específicas del cambio climático con la actividad de una sola persona responsable”, señala Viola Baumann, portavoz de RWE. “No queremos especular, pero esperamos que el caso sea desestimado, al igual que han sido desestimadas otras demandas climáticas similares”.
“El principal problema de estos casos es lograr establecer el nexo causal. Es difícil entender que una empresa que opera en un país pueda generar daños en otro a miles de kilómetros de distancia. Para la mayoría de jueces, no expertos en estos temas, es difícil razonarlo y definir una responsabilidad”, añade Andrea Tang. “Pero hay mucha investigación detrás y la llamada ciencia de atribución nos permite crear este vínculo entre los eventos extremos y el cambio climático y a su vez conectarlo con los grandes emisores de gases de efecto invernadero”.
Una vecindad global
Además del respaldo de la ciencia, la demanda de Germanwatch tiene un enfoque innovador. Las leyes sobre las perturbaciones y los daños a la propiedad están pensadas para resolver litigios vecinales. Pero en muchos casos, como el alemán, los legisladores originales contemplaron que pudiese servir para regular relaciones legales que fuesen mucho más allá de la vecindad. Para Germanwatch, el cambio climático, que se desarrolla a escala global y cuyos efectos no entienden de fronteras, ha dado lugar a una especie de relación de vecindad global, por lo que la legislación sobre daños a la propiedad podría llegar a aplicarse.
“Antes o después, las cortes van a terminar dándonos la razón. Las empresas tienen que empezar a darse cuenta de que no pueden operar sin tener una responsabilidad global sobre sus impactos”, recalca la abogada. “No estamos tratando de demandar y pedir dinero a cualquier empresa sin sentido. Esta es una demanda climática emblemática y sería penoso que el tribunal no termine dándole la razón a Saúl”.
¿Y qué pide, en realidad, Saúl? Que RWE contribuya a las medidas de protección frente al desborde de la laguna en la misma medida en que ha contribuido al cambio climático. Es decir, que aporte un 0,47 % del presupuesto del proyecto de construcción de un nuevo dique de contención o, lo que es lo mismo, algo más de 17.000 euros. Pendientes de los datos definitivos de 2023, la energética alemana ganó en 2022 más de 3.200 millones de euros. “Hemos operado siempre cumpliendo la legislación alemana en cada momento y somos la única energética del país que se ha comprometido a cerrar todas sus centrales eléctricas de carbón antes de 2030”, puntualiza Viola Baumann.
“No sabemos qué va a pasar en el futuro ni qué decidirá el juez. Pero las evidencias científicas están ahí. Tenemos una cordillera que ha perdido casi la mitad de su masa glaciar en las últimas décadas y una laguna que ha multiplicado su tamaño. Hubo desbordamientos y aluviones antes, por lo que sabemos también que puede volver a ocurrir”, concluye Saúl Luciano Lliuya. “No queremos quedarnos sin agua. No queremos que nuestras tierras estén en peligro. Y no queremos que las montañas desaparezcan”. 
