Septiembre, 2024
Dossier. Los ataques al patrimonio cultural no cesan. Ante la actual situación de destrucción provocada por los diversos conflictos bélicos, tenemos que plantearnos por qué no se cumple lo firmado en el Convenio de La Haya, que cumple 70 años, escribe Pilar Montero Vilar. Es cierto: la Unesco se esfuerza por proteger el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Sin embargo, este es un objetivo muy difícil de alcanzar en un contexto como el de la guerra de Ucrania, señala por su parte Chloé Maurel. Finalmente, los atentados contra el patrimonio cultural armenio buscan eliminar la identidad de un pueblo, asegura por su parte Fernando Camacho Padilla.
70 años después de la Convención de La Haya, ¿en dónde estamos?
Pilar Montero Vilar
Los ataques al patrimonio cultural no cesan. El 10 de abril de 2024, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) publicó un informe en el que se verificaban daños en al menos 351 sitios del patrimonio cultural ucraniano y en 43 en la franja de Gaza desde el inicio de ambos conflictos.
Ante tal situación debemos reflexionar sobre el papel que representa el patrimonio en periodo de guerra. Y para eso tenemos que echar la vista atrás. Hasta el 14 de mayo de 1954.
Hace 70 años de la Convención de La Haya…
Nueve años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, convocada por la recién creada Unesco, se aprobaron en La Haya (Países Bajos) la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, su Reglamento de Ejecución y su Primer Protocolo.
La Convención de La Haya constituye el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a la protección del patrimonio en caso de conflicto armado. Aunque inspirada en convenciones, pactos y estudios precedentes, supone un cambio de paradigma: mientras que los anteriores instrumentos basaban la protección en el “uso civil” de estos bienes de naturaleza “no militar”, la Convención de 1954 apela a su valor cultural intrínseco para toda la Humanidad.
La Convención instaura una protección general y una protección especial para los bienes culturales de excepcional importancia. Además, establece dos conceptos clave: el de salvaguarda y el de respeto. La salvaguarda configura una serie de medidas de preparación y prevención en tiempos de paz. Así, el Estado Parte se compromete a adoptar cuantas medidas resulten necesarias, ya sean legislativas o técnicas, de naturaleza preventiva.
El respeto, en cambio, impone la obligación de no realizar actos de hostilidad contra los bienes culturales y se extiende de modo expreso a la prohibición de represalias contra ellos. Este “respeto” no es, sin embargo, una medida absoluta, sino que está condicionada por la denominada “necesidad militar”.
Revisión de los protocolos
A finales del siglo XX, como consecuencia del fracaso de la aplicación de la Convención en los conflictos en Oriente Medio y en los Balcanes —“urbicidio” fue uno de los términos empleados para describir los bombardeos de Mostar y Sarajevo—, se procedió a la revisión de la Convención.
El 26 de marzo de 1999 la Conferencia de La Haya adoptó el Segundo Protocolo, que no implica la modificación del texto de 1954 pero mejora sustancialmente la protección de los bienes culturales en el caso de conflictos armados no internacionales o procedentes de grupos terroristas o paramilitares.
También incorpora la limitación de los ataques exclusivamente a los objetivos militares, siguiendo la Convención de Ginebra de 1977, y concreta las medidas de prevención y preparación que deben de ser tomadas por los estados parte en tiempos de paz. Igualmente, establece una nueva categoría de protección, la protección reforzada, que prevalece por encima de la protección especial. Además profundiza en las responsabilidades penales que sancionan las infracciones perpetradas contra bienes culturales.
A pesar de estos avances, quedan en la memoria la destrucción de los Budas de Bamiyán en Afganistán (2001) y los ataques contra el patrimonio en Irak (2003), Libia (2011 y 2012), Mali (2012), Palmira (2015), etc.
Actualmente, hay 135 países que han firmado la Convención de La Haya, aunque sólo 112 el Primer Protocolo, y únicamente 88 el Segundo.
Los conflictos actuales
Esto nos hace plantearnos la capacidad de la Convención para garantizar su cometido. ¿Cómo es posible que el patrimonio sea tan intensamente vulnerado actualmente, si Rusia, Ucrania, Israel o Palestina se encuentran entre los países firmantes de la Convención y su Primer Protocolo y, por lo tanto, están obligados al respeto de los bienes culturales en caso de conflicto armado?
Según los informes y resoluciones de Naciones Unidas, la destrucción del patrimonio cultural y su relación con la seguridad humana, la violación de los derechos humanos y el genocidio son más que evidentes. Es innegable que en estos conflictos el patrimonio está jugando un papel político de primer orden.
Vladimir Putin ha dejado muy claro el valor instrumental y estratégico que tiene el patrimonio y su empleo como herramienta política e ideológica para rusificar Ucrania.
En el caso de Israel y Palestina, la destrucción de monumentos religiosos que puedan borrar la conexión con un “derecho a la tierra” constituye un punto central de este conflicto territorial.
Por otra parte, los Estados que conforman la Convención de La Haya para implementar y cumplir las obligaciones que se derivan de los compromisos adquiridos deben promulgar e introducir medidas internas eficaces en el nivel legislativo y operacional.
Sin embargo, la falta de independencia de la Unesco con respecto a los Estados Parte implica que su no implementación carece de cualquier repercusión sancionadora.
Por otra parte, la denominada “necesidad militar”, aunque restringida por el Segundo Protocolo, sigue constituyendo una “laguna infame” a la que los países en contienda pueden recurrir. Además, en este caso ni Rusia ni Israel forman parte del Segundo Protocolo.
En el nivel penal, aunque ya ha habido un condenado por crimen de guerra (2016) por dirigir intencionalmente ataques contra monumentos históricos o edificios religiosos —en Mali en 2012—, lo cierto es que los cuatro países inmersos en estos conflictos no han firmado el Estatuto de Roma para poder ser juzgados por dicho tribunal.
Como las evidencias son concluyentes sobre la importancia política del patrimonio, su conservación y protección estaría más que justificada. No es necesario elegir entre salvar vidas o proteger el patrimonio: “los dos son inseparables”. Tampoco se puede ignorar su potencial como elemento de reconciliación y cohesión entre las comunidades después de los conflictos. Por tanto, imaginar distintas alternativas para la protección del patrimonio en los conflictos armados debe constituir para los políticos y la sociedad civil una tarea irrenunciable.
En otro mes de mayo, pero esta vez de 1937, Picasso se hizo eco de la destrucción de Guernica en una obra aceptada unánimemente como símbolo de la paz. Una visión que deberíamos tener siempre presente para entender inequívocamente que la guerra, como continuación de la política por otros medios, no debería representar una opción imaginable. 
▪️◾▪️
Proteger el patrimonio cultural ucraniano, un reto durante la guerra
Chloé Maurel
En 2015, la dramática destrucción del templo de Bel en Palmira a manos de los yihadistas del Dáesh dejó huella en la mente de la población mundial, al igual que la destrucción de los budas de Bamiyán en Afganistán a manos de los talibanes en 2001. Pero el hecho de que peligre el patrimonio cultural en tiempos de guerra es algo tan antiguo como la humanidad.
En los últimos años, ha surgido la necesidad de establecer protección para estos casos. Esta protección es competencia de la ONU y, en particular, de su brazo cultural, la Unesco.
En 2016, Italia propuso a la Asamblea General de la ONU la creación de unos cascos azules de la cultura. El proyecto se puso en marcha en 2016, pero aún no ha dado resultados concretos. El 24 de marzo de 2017, la ONU adoptó por unanimidad la resolución 2 347, que prevé la creación de un fondo internacional y la organización de una red de refugios seguros para los bienes culturales en peligro. También en este caso, su aplicación ha sido lenta.
La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, con la destrucción que la acompañó, confirmó el carácter dramático y urgente de la protección del patrimonio en tiempos de guerra. En las primeras semanas, 53 lugares considerados patrimonio ucraniano fueron dañados; esta cifra aumentó a 153 tras dos meses de guerra. Además de la destrucción, también ha habido robos: por ejemplo, a finales de febrero de 2022, el ejército ruso tomó la ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania. Casi 200 objetos de arte fueron saqueados.
¿Es posible proteger el patrimonio cultural ucraniano en el contexto actual y, si es así, cómo?
Un patrimonio en peligro
Los ataques al patrimonio ucraniano empezaron hace varios años. Tras la anexión de Crimea en 2014, Rusia provocó deterioros notables en el palacio de Bakhchissarai, residencia de los tártaros entre los siglos XVI y XVIII, además de muchos otros espacios culturales e históricos.
Pero los daños a los bienes culturales aumentaron especialmente después del 24 de febrero de 2022, con bombardeos que destruyeron iglesias y edificios religiosos, estatuas de personalidades ucranianas así como museos.
Además, ya en 2014 Rusia aprobó una ley sobre los lugares considerados patrimonio cultural de Crimea, que decretaba que los objetos históricos y los monumentos culturales de la región eran “parte integrante de la riqueza nacional y de la propiedad de los pueblos de la Federación Rusa”, lo que constituye una verdadera apropiación del patrimonio.
Más de 4 000 objetos culturales de Crimea pasaban así a ser propiedad de la Federación Rusa.
Las convenciones de la Unesco sobre patrimonio material e inmaterial
¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante esta agresión cultural? Corresponde a la ONU actuar, ya que en 2011 introdujo el concepto de “responsabilidad de proteger” (R2P). Este considera que, en caso de conflicto grave intra o interestatal, es responsabilidad de la comunidad internacional proteger a la población y también, por extensión, el patrimonio cultural de una nación.
La Unesco comenzó su larga labor de protección del patrimonio mundial tras su creación en 1945, y más concretamente a partir de 1954 con la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, que establece en su preámbulo:
“El daño a los bienes culturales de cualquier pueblo constituye un daño al patrimonio cultural de toda la humanidad, ya que cada pueblo hace su propia contribución a la cultura mundial”.
Esta acción, esencialmente normativa, se intensificó y concretó a partir de 1972. Entonces se aprobó la Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural, fruto de un largo periodo de gestación, que, por primera vez, combinó la protección de los sitios naturales y los conjuntos monumentales.
La Lista del Patrimonio Mundial no ha dejado de crecer hasta incluir más de 1 000 lugares. En la actualidad, se ha saturado y refleja el desequilibrio norte/sur que existe en el mundo. Hay innumerables localizaciones inscritas en Europa y pocas en África, muchas de las cuales, además, suelen ser espacios naturales, mientras que la lista de Europa está llena de monumentos culturales.
Sin ningún respeto por los lugares catalogados
Para ampliar y complementar esta acción, la Unesco adoptó en 2003 la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyo objetivo es clasificar y preservar los usos, costumbres, tradiciones, conocimientos y rituales que constituyen la riqueza cultural de una nación, y que a menudo, en los países pobres, están amenazados con desaparecer a causa de la globalización cultural.
La clasificación en estas listas, lejos de tener en cuenta únicamente las cuestiones culturales, implica cuestiones políticas y geopolíticas, e incluso puede tener efectos perversos. Los lugares seleccionados pueden padecer un turismo de masas que los desnaturaliza, o Unescoiza, como ha analizado el antropólogo David Berliner a través del ejemplo del pueblo de Luang Prabang en Laos. Es decir, su inclusión les lleva a “perder el espíritu del lugar”.
Para proteger mejor el patrimonio cultural, la Unesco creó en 1995 el registro Memoria del Mundo, que recoge los elementos archivísticos, a veces amenazados o frágiles, del patrimonio documental de la humanidad.
En el caso de Ucrania, este registro incluye cuatro fondos documentales: uno de ellos es una colección de música folclórica judía de 1912 a 1947, conservada en la Biblioteca Vernadsky (Biblioteca Nacional de Ucrania). Otro de estos fondos es el patrimonio documental sobre la explosión de Chernóbil, presentado por Ucrania y catalogado en 2017.
La organización también ha inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la tradición de la cerámica pintada de Kossiv, así como las canciones cosacas de la región de Dnipropetrovsk y la pintura decorativa de Petrykivka, expresión del arte popular ornamental ucraniano.
A principios de julio de 2022, la Unesco también decidió clasificar la sopa de remolacha ucraniana en la lista de patrimonio inmaterial en peligro, una decisión impugnada por Rusia, que lo considera un plato ruso.
Kiev entiende lo que está en juego. También a finales de abril de 2022, las autoridades ucranianas, deseosas de que el estigma de la guerra figurase como patrimonio, hicieron que el pecio del crucero Moskva, destruido por Rusia, fuera incluido por la Unesco como parte del patrimonio cultural subacuático de Ucrania.
A pesar de estas encomiables acciones para identificar y proteger (teóricamente) el patrimonio ucraniano, tanto material como inmaterial, la sangrienta guerra que se libra desde febrero de 2022 lo ha dañado, sin ningún respeto por los lugares catalogados ni por las convenciones internacionales.
Los siete espacios culturales de Ucrania inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial corren un gran peligro. El más destacado en Kiev es la catedral de Santa Sofía, catalogada en 1990. Otro lugar importante es el centro histórico de Lviv, catalogado en 1998. De hecho, en septiembre del año pasado, 2023, la Unesco puso estos monumentos emblemáticos de la historia y la cultura ucranianas en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, debido a la amenaza de destrucción vinculada a la ofensiva rusa.
Fortalecer las instituciones internacionales en lugar de debilitarlas
La Unesco parece ser una “víctima colateral de la guerra en Ucrania”. A finales de abril de 2022, la organización se vio obligada a aplazar indefinidamente una reunión de su Comité del Patrimonio Mundial, prevista para junio en la ciudad rusa de Kazán, debido a las divisiones que provocó entre los países prorrusos y antirrusos.
En resumen, sería deseable que la Unesco tuviese más poder, por ejemplo poder de sanción (como tiene la Organización Mundial del Comercio), para hacer respetar sus convenciones internacionales con el fin de proteger eficazmente los bienes culturales inscritos en sus diferentes listas de patrimonio. También sería necesario que la ONU tuviese más fuerza vinculante para dar efecto real a sus resoluciones y actuar para restablecer la paz en el mundo.
En cuanto a las rivalidades ruso-ucranianas por el patrimonio, y aunque esta idea sea difícil de escuchar en el fragor de la guerra, es de esperar que la cultura común de estos dos pueblos los acerque en lugar de dividirlos.
Más que nunca, es pertinente el lema de la Unesco: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. (Este artículo fue publicado originalmente en francés).
▪️◾▪️
Los atentados contra el patrimonio cultural armenio buscan eliminar la identidad de un pueblo
Fernando Camacho Padilla
El pasado 25 de diciembre de 2023, el parlamento de Azerbaiyán (Milli Majlis) aprobó una declaración en la que se afirmaba que, en el territorio de la actual Armenia, había existido en el pasado una comunidad histórica azerbaiyana que acabó emigrando a causa de los conflictos.
Sin embargo, no se aclara que en realidad se trataba de musulmanes de distintas étnias y seguidores de diferentes ramas del islam que convivieron con los armenios durante los periodos en los que este territorio estuvo administrado por los persas y, más tarde, por los otomanos.
En el mismo documento se manifestaba, además, el legítimo derecho de los azerbaiyanos a regresar a estas tierras. Tras esta justificación, no es descartable que se restablezcan nuevas agresiones por parte de Bakú contra Armenia, aunque varios países, como Francia e Irán, ya han advertido que no permitirán una ocupación de la provincia de Syunik, al sur del país.
Este territorio es de interés para Azerbaiyán porque a través de él quiere controlar el corredor de Zangezur que permita una comunicación directa con la región autónoma azerbaiyana de Najicheván.
Una ciudad partida en dos
El motivo por el que Irán se preocupa por esta posibilidad se debe a sus buenas relaciones políticas y comerciales con Armenia. También le inquieta el hecho de que el régimen autoritario de Bakú mantenga una estrecha colaboración militar con Israel, el principal enemigo de Teherán en la región.
Asimismo, existen razones históricas. Irán es el único país de mayoría musulmana en la zona donde aún se convive de manera relativamente pacífica con la diáspora armenia, y donde el patrimonio histórico armenio es respetado y visitado por personas de todos los credos, además de estar muy bien promocionado como destino turístico. Un ejemplo similar de respeto hacia esta comunidad también se encuentra en la actitud de los gobiernos del Líbano y Siria.
Al llegar a la ciudad iraní de Yulfa, todavía hoy se hace referencia —con gran orgullo y respeto— a la cultura armenia. Allí, las iglesias y monasterios son cuidados y visitados por miles de viajeros al año, mayoritariamente iraníes (incluyendo aquellos de origen armenio que viven en el país). La joya arquitectónica es la catedral de San Esteban, construida en el siglo IX y renovada en varias ocasiones. Gracias al empeño del Estado iraní, forma parte del patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Sin embargo, es sólo una mitad de la historia. Actualmente la ciudad está dividida en dos a causa de la existencia de la frontera irano-azerí. Hasta el siglo XIX, ambas partes formaban una única unidad urbana, pero tras la derrota de Persia en la guerra con Rusia entre 1826 y 1828, la orilla norte pasó a manos rusas. Con la desintegración de la Unión Soviética, se integró en Azerbaiyán.
En ese lado, no queda nada de los vestigios armenios tras la eliminación sistemática que se ha producido durante las últimas décadas. El momento más trágico ocurrió en el cementerio medieval de Yolfa con la total destrucción de más de 3 000 jachkar (cruces de piedra armenias), un hecho que llevó al diario británico The Guardian a denominarlo “el peor genocidio cultural del siglo XXI”.
Borrar Nagorno Karabaj
Tras la derrota armenia en Nagorno Karabaj en septiembre de 2023, y con la consecuente salida tanto de periodistas de medios internacionales —que dejan de tener noticias impactantes que cubrir— como de funcionarios de organismos internacionales —con la progresiva finalización de la ayuda humanitaria—, no resulta difícil imaginar que ahora empezarán a borrarse también allí todos los vestigios armenios.
En este sentido, se debe destacar que Azerbaiyán no permite la realización de visitas sobre el terreno para comprobar la protección y respeto del patrimonio armenio, de manera que únicamente se puede monitorear por satélite. Es evidente que a tan larga distancia no es posible documentar todo lo que acontece.
En el Alto Karabaj existen alrededor de 500 lugares históricos donde se reúnen unos 6 000 monumentos, ahora todos ellos bajo control del ejército azerbayano. Sin embargo, su destrucción no es responsabilidad única de los militares. El rápido programa de colonización puesto en marcha por el presidente Ilham Alíyev incluye una reorganización urbanística y reocupación de espacios urbanos y rurales.
Ya ha habido precedentes. Durante la primera guerra de Nagorno Karabaj que tuvo lugar en los años noventa del siglo pasado, las autoridades de Azerbaiyán decidieron eliminar toda presencia armenia que hubiera dentro país, fuera humana o cultural.
Ello llevó al éxodo a la histórica comunidad armenia que allí vivía y que era significativa en ciudades como Bakú. Únicamente en la región de Najicheván supuso la destrucción de un total de 5 849 cruces de piedra, 22 000 tumbas y 89 iglesias medievales, tal como señala la académica Nélida E. Boulgourdjian.
La destrucción recuerda a lo ocurrido con el importantísimo patrimonio arquitectónico armenio que había en la mayor parte de Turquía a lo largo del siglo XX, país que poco se preocupa en conservarlo, recuperarlo y restaurarlo. Prácticamente las únicas excepciones han sido la Catedral de la Santa Cruz del lago Van, y la histórica ciudad de Ani, capital del reino de la Armenia bagrátida, que fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 2016.
Pasividad internacional
A lo largo de las últimas décadas, la diáspora armenia y no pocas instituciones y organismos, tales como el Parlamento Europeo, han alzado su voz contra estos crímenes cometidos contra el patrimonio armenio.
Hasta fechas recientes esto ha sucedido ante el silencio mayoritario de la comunidad internacional, e incluso la pasividad de la Unesco, tal como denuncia la Universidad de Cornell. La organización Caucasus Heritage Watch, albergada en esta institución educativa, hace un seguimiento minucioso de las acciones destructivas de Azerbaiyán, publicando regularmente fotografías y datos detallados de los crímenes cometidos contra el patrimonio armenio. A su vez, hace un llamado internacional a la movilización y la condena de la actitud de Bakú contra estos espacios, aunque con escaso impacto.
La gravedad y la conmoción que generan otros conflictos en el mundo, algunos de ellos relativamente cercanos al Cáucaso como son la guerra de Ucrania y la invasión israelí en Gaza, no deja espacio para informar sobre esta situación, quedando el pueblo armenio, una vez más, al amparo de su suerte.
La destrucción sistemática del patrimonio cultural, además de una provocación y un crimen contra la historia de la humanidad, pone en evidencia la crueldad y la falta de ética de los actores responsables. Tal como aconteció con los budas de Bāmiyān en Afganistán tras su dinamitación en marzo de 2001 por el movimiento talibán, ante estas prácticas no hay reparación posible que permita reconstituir el legado perdido.
