Mayo, 2025
Para que puedan costear los pagos de multa y retornar a sus hogares, CEA Justicia Social y Elementa DDHH han lanzado la campaña “Libéralas: 5 mujeres que no deberían estar en prisión”, con la que buscan recaudar 250 mil pesos. Estefania Ibañez ha conversado con Ángela Guerrero Alcántara, una de las principales impulsoras de esta iniciativa que busca ayudar a mujeres injustamente detenidas.
Eréndira, Lidia, Luna, Margarita y María Isabel actualmente están privadas de su libertad injustificadamente por delitos menores relacionados con drogas y pagan sentencias de hasta 15 años. Ellas pertenecen a un grupo de 2 mil mujeres encarceladas en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 16, en Morelos, donde se reflejan “los fallos en el sistema de justicia”.
Para que puedan costear los pagos de multa y retornar sin problemas a sus casas, el Centro de Estudios y Acción por la Justicia (CEA Justicia Social) y Elementa DDHH lanzaron la campaña “Libéralas: 5 mujeres que no deberían estar en prisión”, con la que buscan recaudar 250 mil pesos y a la que se puede acceder a través de https://www.gofundme.com/f/liberalas-5-mujeres-que-no-deberian-estar-en-prision, hasta el 30 de mayo.
Antes de determinar a las personas beneficiadas del mecanismo interinstitucional, que transcurre en su primera etapa, Ángela Guerrero Alcántara, politóloga y fundadora de CEA Justicia Social, en compañía de más representantes, tuvo acceso a 50 mujeres, de las que asegura que “más del 70 % nunca había conocido a su abogado; el 80 % son madres y seis de cada diez sufrieron algún tipo de maltrato o tortura”.
Por medio de la iniciativa, que el 8 de marzo liberó a las primeras seis, se desean emplear alternativas jurídicas de liberación de mujeres injustamente presas (por delitos menores relacionados con drogas) y restablecer los derechos de las afectadas de manera integral.
“Este mecanismo se compone por organizaciones de la sociedad civil, específicamente las dos de las que formamos parte; la Secretaría de las Mujeres que las acompaña, Consejería Jurídica que acompaña todo el proceso y la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, expresa la maestra en sociología.
Las mujeres mencionadas y sus familias no cuentan con las cantidades para cubrir las sanciones económicas y de no realizar los pagos, deberán cumplir las condenas bajo un sistema que no garantiza sus derechos y del que han sido víctimas de violencia y discriminación.
“Por supuesto que no hay reparación del daño porque no hay una víctima directa, pero el Estado establece determinadas multas. De ahí surge la campaña, de buscar no nada más sumar voluntades del gobierno sino también sumar voluntades de personas que han estado muy de cerca en este proceso, y también de cualquier persona que crea que es un error meter a mujeres como ellas dentro de un centro penitenciario, donde claramente nunca tuvieron que haber pasado por ahí”, comenta Ángela.
En constante vulnerabilidad
Aunque algunas mujeres presas trabajan en los centros, como lo hace Lidia desde el Cefereso para asistir a su familia, otra parte de la realidad es que cuando son liberadas experimentan situaciones desfavorables.
“Viéndolo desde el otro lado de la moneda, esta situación las pone en un riesgo muy importante pues no tienen ni cuentan con ningún tipo de alternativa económica que les pueda solucionar los primeros días fuera de un centro penitenciario federal”, explica Ángela.
Los miembros de las asociaciones detectaron que existen toda clase de vulnerabilidades hacia las mujeres encarceladas, además de abusos relacionados con la aproximación a la justicia así como también hacia sus familias.
Para Ángela Guerrero, algo es claro: “Cada una de ellas representa a un montón de mujeres y las razones por las que están ahí son desde que detuvieron a la persona equivocada, hasta que se vieron en una situación muy grave económicamente y el costo que están pagando es muchísimo más elevado para lo que realmente habían hecho”.
Ángela asegura que si bien en el pasado era un “aislamiento mucho mayor”, y a pesar de que no se puede decir que existe “una gran mejora”, ahora a las reclusas se les permite más comunicación con sus familias.
“Las condiciones han cambiado en términos muy particulares, antes tenían acceso a una llamada de diez minutos cada 25 días y hoy la tienen casi cada tercer día y tienen derecho por lo menos a una videollamada cada semana.
“Esto por supuesto que aligera la estadía dentro de un espacio así, porque es un centro federal, es un centro público-privado que se creó desde Felipe Calderón y hay un contrato firmado hasta 2036 que no puede ser disuelto antes, aunque ya se ha intentado en varias ocasiones”, afirma Ángela.
El objetivo central de las asociaciones es reconocer quién puede ser liberada a través del mecanismo, por lo que la coordinadora hace énfasis en que, aunque existen otros procedimientos, la campaña es primordial.
“Por supuesto que hay otro tipo de mecanismos, como la Ley de Amnistía, pero hay que decirlo, ésta tiene una fecha de caducidad y en el caso de ellas esa fecha ya no aplica pues es hasta 2020, y ellas entraron después de la fecha que estaba establecida”.
Reintegrarse y otros retos
Además de lo ya señalado, existen otras trabas con las que se tiene que lidiar. Uno de los comportamientos por parte de las autoridades penitenciarias, confirma Ángela, es que modifican las fechas de las audiencias de mujeres en prisión preventiva que ya cumplieron los dos años con esa medida; mientras que el Poder Judicial, asegura, no cuenta con un proceso determinado “en contra de la manera en la que están juzgando”.
“Con estos casos no se va a terminar, lo que estamos haciendo es visibilizar esta situación tan grave que se está dando, porque es algo que lleva muchos años de estar sucediendo, que no se juzga con perspectiva de género, que no toman en cuenta ni siquiera el criterio de oportunidad que está establecido para saber si esas mujeres o no representan una prioridad para la procuración de justicia”, dice Ángela.
Tras cumplir con el tiempo en prisión, las personas que son liberadas se enfrentan a más retos, uno de ellos es volver a ser parte de una comunidad y tener acceso a actividades laborales, educativas, culturales, deportivas, entre otras.
“En nuestro país no existe una política de reinserción social: salen 100 mil personas de centros penitenciarios al año. Existen algunos servicios, algunas iniciativas que llevan a cabo a nivel estatal, pero no hay un seguimiento puntual que dé cuenta, que tenga un presupuesto específico para ello y esto es un problema”, afirma Ángela.
La posición en la que se encuentran específicamente las mujeres es desafiante: “Por ejemplo, salen a medianoche en una carretera que es una de las más complejas del país, sin ninguna posibilidad de tomar un transporte público y la gran mayoría de ellas no son del estado de Morelos, son de Chihuahua, de Guanajuato, de Chiapas…
“Lo que enfrentan es eso, la omisión del Estado, aunado a un estigma que tienen por haber estado en el lugar y momento equivocados en la gran mayoría de los casos; y en los otros, porque se equivocaron al detenerlas y así fueron juzgadas”, finaliza Ángela Guerrero Alcántara.
Las rejas no detienen los sueños
Con el tiempo este mecanismo se pretende replicar en otros estados, para ello es indispensable que se institucionalice y se respalde su continuación, debido a que representa una resolución factible al utilizar “alternativas normativas” en beneficio de mujeres perjudicadas “del sistema de justicia penal”.
A las cinco seleccionadas para la campaña se les cambió el nombre de pila por motivos de protección a su identidad y por seguridad. Sus detenciones y vidas simbolizan las de muchas otras presas injustamente encarceladas, ejemplo de ello es Eréndira, quien nació en Michoacán en el núcleo de una familia de recursos limitados.
Antes de ser detenida se empleaba en el campo, sin embargo, no bastaba para cubrir las necesidades básicas que requerían sus hijos y nietos.
Su detención —al igual que con tres mujeres más— fue en 2018, en Guerrero, por policías municipales. Ese día no le aclararon las razones y aunque ha pasado privada de su libertad seis años y nueve meses, no ha logrado acceder a su expediente. Desde prisión se mantiene firme en sus metas, una de ellas es estudiar y ser docente de kinder.
Mientras que Margarita vivía con su familia antes de ser detenida. Se ganaba la vida en su puesto de raspados y frituras. El 7 de agosto de 2021, cuando hacía el aseo de su azotea, una “persona conocida” le solicitó cuidar una mochila, sin saber qué contenía.
La Guardia Nacional (GN) ingresó a su domicilio y la detuvo junto a su esposo y tres hermanas, además firmó una “declaración que no le permitieron leer y la sentenciaron por posesión de narcóticos con fines de comercio”. Al salir de prisión desea hacerse cargo de su hija y estudiar enfermería. 
