Septiembre, 2023
En un referéndum celebrado el domingo 20 de agosto, unos 13 millones de ecuatorianos decidieron que el país prescindiría de las ganancias económicas derivadas de la explotación del bloque 43, situado en gran parte en el Parque Natural Yasuní y responsable del 12 % de la producción nacional de petróleo del país (“Ecuador, el petróleo del Yasuní y la trampa de las finanzas globales”). El 59 % de los votantes se mostraron a favor de detener la explotación del yacimiento petrolífero en el parque nacional, tierra de biodiversidad y comunidades indígenas.
En un referéndum celebrado el domingo 20 de agosto, unos 13 millones de ecuatorianos decidieron que el país prescindiría de las ganancias económicas derivadas de la explotación del bloque 43, situado en gran parte en el Parque Natural Yasuní y responsable del 12 % de la producción nacional de petróleo del país.
La pérdida de ingresos fue el principal argumento esgrimido por el gobierno saliente. La petrolera nacional Petroecuador estimaba en 14 500 millones de euros las pérdidas que supondría detener el proyecto en veinte años.
Pero los ecologistas relativizaron las cifras esgrimidas, alegando que no tenían en cuenta la gran fluctuación de los precios del petróleo, los costes de producción y, sobre todo, los daños causados a los ecosistemas.
En las urnas, precisamente fueron la protección de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático las que parecen haber triunfado.
En materia de medio ambiente, el Parque Yasuní es impresionante y contiene de media más especies vegetales en una parcela de apenas una hectárea que toda Norteamérica. Considerado reserva de la biosfera por la UNESCO, esta parte de la selva amazónica situada a 250 km al este de Quito, la capital, alberga también dos de las últimas poblaciones amerindias autosuficientes: los tagaeri y los taromenane.
Desde 2007, estas exuberantes tierras de Ecuador también están protegidas por la Constitución, que reconoce la propiedad colectiva de la tierra por parte de los pueblos indígenas como forma ancestral de organización territorial. Las tierras pero no su subsuelo rico en petróleo, propiedad del Estado, que fue cuestionado en este referéndum histórico.
La victoria del “sí” vuelve a poner sobre el tapete una vieja y compleja cuestión: ¿cómo dejar de usar los combustibles fósiles, y en particular el petróleo?
El problema es que aún queda mucho petróleo; las reservas estimadas equivalen a la cantidad total consumida desde finales del siglo XIX. En junio de 2023, la demanda mundial diaria de petróleo alcanzó los 103 millones de barriles, la cifra más alta de la historia.
No obstante, en las últimas décadas han surgido intentos de dejar el petróleo bajo tierra con movimientos de resistencia a la explotación petrolífera, sobre todo en países tropicales, territorios indígenas y zonas protegidas.
Antes de la votación de este verano, a mediados de la década de los 2000, hubo un proyecto sin precedentes —conocido como la iniciativa Yasuní-ITT— en la Amazonia ecuatoriana para detener la explotación de un yacimiento petrolífero, preservando así el medio ambiente y defendiendo a los pueblos indígenas.
En su momento analizamos este proyecto, poniendo de relieve la constante hipocresía de los países ricos.
La iniciativa Yasuní-ITT
En 2006, el movimiento ecologista ecuatoriano Acción Ecológica lanzó la iniciativa Yasuní-ITT. La idea original era dejar bajo tierra alrededor del 20 % de las reservas de petróleo del país. A cambio de mantener una parte de sus reservas de carbono en el subsuelo y garantizar un desarrollo más respetuoso con el medio ambiente, Ecuador pidió a la comunidad internacional —en nombre del principio de responsabilidad compartida por los problemas medioambientales mundiales— que le compensara por el 50 % de los ingresos que podría haber obtenido de la explotación de este petróleo.
Todos los grandes actores internacionales se negaron. Se creó un fondo fiduciario bajo los auspicios del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), pero no pasó de eso.
El proyecto, presentado a la OPEP en diciembre de 2012, de la que Ecuador era entonces miembro, no fue aceptado. Estados y regiones, principalmente de Europa, pero también empresas multinacionales, se habían comprometido vagamente a contribuir a la financiación de este fondo.
Pero en la primavera de 2013 aún quedaba mucho camino por recorrer. Muy lejos de lo que Ecuador esperaba desde hacía más de una década, sólo se había recaudado un 1 % de las sumas necesarias. El proyecto Yasuní-ITT fue abandonado el 15 de agosto de 2013 ante un cúmulo de oposiciones externas e internas.
Diez años de batallas internas
Las batallas legales, y los derechos consagrados para la naturaleza en las enmiendas a la Constitución del país, tampoco lograron impedir la explotación de los yacimientos de ITT, y el permiso se concedió finalmente en mayo de 2014. Pero años de campaña de organizaciones indígenas y ecologistas llevaron finalmente a la celebración del referéndum, tal y como exigía el Tribunal Constitucional de Ecuador.
El proyecto se ha convertido así en un símbolo de la protección de los pueblos indígenas y la preservación de la biodiversidad. Pero muchos otros yacimientos petrolíferos siguen activos en el parque Yasuní. Y abundan los proyectos, sobre todo en el continente africano.
La hipocresía de los países ricos
La República Democrática del Congo (RDC), por ejemplo, tiene previsto subastar permisos de perforación petrolífera. Tosi Mpanu Mpanu, embajador de la RDC para el clima, no intentó ocultar las ambiciones financieras que hay detrás de esta idea: “Nuestra prioridad no es salvar el planeta” sino obtener ingresos.
En un ejemplo notorio de “haz lo que yo digo, no lo que yo hago”, el Secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, y John Kerry —enviado presidencial especial para el Clima— han instado públicamente al gobierno congoleño a detener sus planes.
Al mismo tiempo, sin embargo, la administración estadounidense no ha puesto en peligro su dependencia de las ganancias inesperadas del petróleo al poner a la venta cientos de nuevas licencias de exploración desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca.
Como ha declarado Kenneth Rogoff, profesor de economía en Harvard: “Durante demasiado tiempo, los países ricos han estado sermoneando a las economías en desarrollo sobre el cambio climático sin hacer lo mismo por ellos mismos”.
El Sur Global contraataca
Para el Sur Global —una variopinta colección de países, muchos de ellos no alineados— este doble rasero es cada vez más irritante. Todos ellos, encabezados por China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica, criticaban así a los países ricos: por un lado, aumentan su producción y consumo de petróleo, mientras que, por otro, instan a los países emergentes y en desarrollo a salir de él.
El voto del 59 % de los ecuatorianos para detener la explotación de un yacimiento petrolífero en la emblemática reserva de Yasuní es, según los defensores de la Amazonia, “una victoria histórica” contra las estrategias extractivistas de las petroleras y la adicción al petróleo de los países del Norte. Pero también es la prueba de que el Sur puede elaborar políticas ambiciosas de protección del medio ambiente sin la ayuda ni la aprobación de los países del Norte.
El domingo 20 de agosto, el 68 % de los habitantes de Quito también votaron en contra del desarrollo de la mina de oro Chocó Andino, una reserva de la biosfera situada a 20 kilómetros al norte de la capital ecuatoriana.
Petroecuador, la compañía petrolera nacional, tiene un año para cerrar sus pozos, desmantelar la infraestructura y restaurar el bosque.
Y para compensar la pérdida de ingresos procedentes del petróleo, un grupo de economistas partidarios de detener la producción petrolera ha propuesto varias opciones, como combatir la evasión fiscal o imponer mayores impuestos a los ricos. (Este artículo fue publicado originalmente en francés). 
