Agosto, 2022
En una ceremonia colorida y diversa, Gustavo Petro tomó juramento el pasado 7 de agosto como presidente de Colombia, ante cientos de miles de personas que acompañaron el acto de investidura en Bogotá. Se trató de una jornada histórica, ya que el exsenador se convirtió en el primer mandatario colombiano de izquierda. “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”, dijo Petro, de 62 años, ante el jefe del Congreso en la céntrica Plaza de Bolívar. Minutos después, el flamante mandatario tomó el juramento a su compañera de fórmula, Francia Márquez, que ocupará el cargo de vicepresidenta. La llegada de Petro al poder se da tras un momento de reflexión de los colombianos y también de hastío a la desigualdad, corrupción y a la violencia. El panorama que enfrenta no es fácil, pero tampoco imposible.
“Hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado”
Pablo Castaño
Gustavo Petro quería que su toma de posesión como presidente de Colombia fuese una fiesta popular y lo consiguió. La tarde del domingo 7 de agosto, horas antes del inicio del acto, ríos de personas marcharon por las calles vacías de coches hacia la Plaza Bolívar de Bogotá, donde tuvo lugar la ceremonia de investidura. La fiesta se extendió por todo el centro de la ciudad, con 70 eventos culturales y musicales, en un ambiente que recordaba más a un carnaval que a un acto institucional. También hubo celebraciones en plazas de otras ciudades, como Medellín o Cartagena, pero a Bogotá llegó gente de todo el país. Es el caso de dos jóvenes afrocolombianas del Chocó, la región de la vicepresidenta Francia Márquez, que ven en su elección una oportunidad para superar el racismo en el país.
Petro juró su cargo para los próximos cuatro años junto a una urna que custodiaba la espada del libertador Simón Bolívar: “Es la espada del pueblo, y por eso la queríamos aquí”. A ese pueblo, a las comunidades excluidas, se dirigió el presidente en su discurso, que giró en torno a la economía, el cambio climático, la paz y el futuro. “Hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado”, sentenció. Antes había asumido su cargo como vicepresidenta Francia Márquez con la fórmula: “Juro ante Dios y el pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro, antes mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre”.
El entusiasmo que desbordó el pasado domingo las calles de Bogotá está más que justificado: es la primera vez que un candidato de izquierdas llega a la presidencia del país y la primera también que la vicepresidencia es ocupada por una mujer afrocolombiana y de origen popular. Las excepciones históricas se acumulan en un país donde para un líder social progresista es más probable morir asesinado que llegar a una posición de alta responsabilidad en el Estado. Solo este año han muerto más de 90, a manos de diversos grupos armados. Paz fue, es, una de las palabras más repetidas el domingo, tanto en el discurso del nuevo presidente como entre los asistentes a la celebración. Luis David, miembro de la Guardia Campesina del Catatumbo (una especie de policía comunitaria), espera que “Petro ayude a los campesinos en el proceso de paz”. La esperanza de acabar con el conflicto también ha sido una de las razones para votar al Pacto Histórico de Leslie, bogotana de 19 años.
La alegría de los seguidores de Petro y Francia, como son popularmente conocidos en Colombia, es proporcional al desconcierto de la oposición. Rodolfo Hernández, el populista de derechas que se enfrentó a Petro en la segunda vuelta de las presidenciales, está prácticamente desaparecido de la escena pública, y cuatro de los seis principales partidos del Congreso nacional han mostrado su apoyo al nuevo gobierno (solo el uribista Centro Democrático —derecha— se ha declarado oposición). El politólogo Esteban Salazar, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), avanza una explicación: “Son partidos que siguen una lógica burocrática y transaccional, no representan una agenda ideológica en absoluto”.
Petro ha concedido a formaciones como el Partido Liberal o la Alianza Verde la presidencia de destacadas comisiones parlamentarias y ha nombrado algunos ministros de perfil técnico que en principio son más próximos al centro político que a la izquierda. Estos nombramientos, entre los que destaca el del reputado jurista Iván Velásquez como ministro de Defensa, le han valido a Petro el apoyo de personas que no votaron por él, como comenta en la fila para acceder al acto de investidura Carlos, un chileno residente en Bogotá que ha venido a la celebración “por mirar”. Este arreglo pragmático con el centro político debería proporcionarle a Petro un año o dos de “luna de miel” parlamentaria, explica el politólogo Esteban Salazar, al menos hasta las elecciones locales de otoño del 2023. Una mayoría necesaria para impulsar el ambicioso programa del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que ha llevado a Petro y Francia al poder.
El primer gran proyecto será la reforma tributaria, que Petro pretende presentar ya, con el objetivo de paliar la falta crónica de recursos del Estado colombiano después de décadas de gobiernos neoliberales más amigos de poner alfombra roja a las multinacionales que de realizar las inversiones públicas necesarias en el segundo país más desigual de América Latina. Como recordó el nuevo presidente en su primer discurso, “el 10 % de la población colombiana concentra el 70 % de la riqueza”. Petro quiere que los ricos paguen más, en un país que hasta ahora tiene un nivel récord de exenciones fiscales para las multinacionales. El nuevo gobierno necesitará amplios recursos para hacer frente a la emergencia social que sufre el país desde la pandemia —casi 13 millones de personas no pueden permitirse comer tres veces al día— y a la vez impulsar cambios estructurales, especialmente la transición ecológica y la reforma de los sistemas de salud y educación.
Reducir la dependencia de Colombia de los combustibles fósiles y el extractivismo será una de las tareas más difíciles del gobierno, ya que el petróleo es la principal exportación del país y la minería de carbón sigue siendo un sector muy destacado, con un enorme impacto ambiental y social. Como señalaba la politóloga Luciana Cadahia en Jacobin, la continuidad del extractivismo fue uno de los “puntos ciegos” del ciclo progresista latinoamericano de los años 2000; está por ver si será diferente en esta nueva ola de izquierdas que se abre paso en el continente. Un reto que tiene mucho que ver con la capacidad del gobierno de “poner coto” a la dependencia respecto al capital extranjero, como advierte Gorka Martija. Por lo pronto, el programa del Pacto Histórico prevé prohibir el fracking y la minería a cielo abierto, y suspender las nuevas exploraciones de hidrocarburos. Actuaciones ambientales concretas que quieren llenar de contenido el ambicioso lema de la victoriosa izquierda colombiana: “Colombia, potencia mundial de la vida”.
Mejorar el acceso a los sistemas de salud y educación fueron dos de las grandes demandas de los movimientos sociales que sacudieron Colombia en 2019 y 2021, debilitando al gobierno conservador de Iván Duque y allanando el camino para la victoria del Pacto Histórico. La deuda del nuevo gobierno con estas movilizaciones es incontestable. La principal exigencia del Paro Nacional del 2021, fuertemente reprimido por el gobierno de Duque, era detener una reforma fiscal regresiva… y ahora la primera prioridad de Petro es aprobar una reforma de signo opuesto. Los jóvenes fueron los protagonistas de las protestas de 2019 y 2021, en las que la exigencia de más inversión en la universidad pública ocupó un lugar central, y fueron precisamente los jóvenes uno de los colectivos que decantaron la balanza electoral del lado de la izquierda en las elecciones de este año. El mismo Petro reconoció en su discurso el día de la victoria electoral que se la debía a los jóvenes y a las mujeres, movilizadas en gran parte por la figura de Francia Márquez. Francia también fue la principal responsable del incremento de la participación electoral de sectores populares de regiones empobrecidas, sobre todo en la costa pacífica y caribeña, donde Petro y Francia obtuvieron entre el 60 y el 80 % de los votos. Del Caribe procede Ramona, de 55 años, que considera que la gente votó “por un cambio” y espera que el nuevo gobierno ayude a las personas “con menos recursos” como ella.
El reto de consolidar la paz
“El proceso de paz ya no está entre las principales preocupaciones de la gente”, explica Esteban Salazar, “porque no ha sido una prioridad del gobierno de Duque, pero a Petro le interesa poner el tema en agenda, porque una parte importante de su programa depende del éxito del acuerdo con las FARC”, firmado en 2016 y en proceso de implementación. Por eso fue uno de los principales puntos de su discurso de investidura, en el que también hubo espacio para condenar la “guerra contra las drogas” por ser generadora de violencia. Durante el gobierno conservador de Duque (2018-2022), la Jurisdicción Especial de Paz fue haciendo su trabajo de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto que ha castigado Colombia durante 60 años, además de promover la reinserción de los guerrilleros desmovilizados, pero Duque descuidó la implementación de elementos centrales del acuerdo firmado en La Habana en 2016, como la ocupación efectiva por parte del Estado (con servicios públicos, no solo presencia militar) de territorios antiguamente controlados por las FARC o la protección de los guerrilleros desmovilizados, que han sufrido más de 300 asesinatos desde que entregaron las armas, por parte de paramilitares o disidentes de las FARC.
Petro tiene la difícil tarea de acelerar la aplicación del acuerdo e iniciar conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) —al que el presidente del Senado pidió directamente que dejase las armas en el acto de toma de posesión— e incluso con el Clan del Golfo, un poderoso grupo criminal formado por residuos de los grupos paramilitares desmovilizados en 2004 y 2006. En definitiva, la rueda de la violencia que provocó alrededor de 800.000 muertes y más de 6 millones de desplazados en las últimas décadas en Colombia aún no se ha detenido del todo. El dueto Petro-Francia, que ha llenado de esperanza a millones de colombianos, tiene por delante el difícil reto de cerrar el negro capítulo de la guerra en la historia de Colombia y conseguir que la nueva era de paz también traiga justicia para un país desgarrado por las desigualdades.
Una tarea titánica que se encontrará con muchas resistencias, y que seguramente sólo podrán llevar adelante con el apoyo activo de los millones de personas que derrotaron al gobierno de Duque en el Paro Nacional de 2021. Una de ellas es Valentina, una joven de 20 años que fue al acto de posesión de Petro acompañada de una amiga, con una bandana de la bandera colombiana y una vuvuzela en la mano. Tiene mucha esperanza de que el nuevo gobierno traiga un cambio real, pero advierte: “Si el man no cumple, igual saldremos a protestar contra él”. Ahora Petro tiene la enorme responsabilidad de cumplir las expectativas de sus bases, que este domingo celebraron en las calles de Colombia el inicio de una nueva época para el país. 
[Texto originalmente publicado en CTXT / Revista Contexto; es reproducido aquí bajo la licencia Creative Commons.]
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Nueva era para Colombia: los tres retos de Petro
openDemocracy
Superando los temores del statu quo, Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Su victoria tiene raíces profundas en la desigualdad, la violencia y los déficits del Estado colombiano, pero el impulso definitivo a su victoria llegó tras el descontento y la indignación por el maltrato y el desprecio acumulados por los colombianos tras décadas de gobiernos conservadores. Los más de 40 días de protestas y los 80 muertos causados por la brutal represión del gobierno durante el estallido social de 2021 fueron la gota que colmó el vaso del cambio.
Su gobierno enfrentará enormes retos, ahondados por la Colombia que deja Iván Duque; cuatro de cada diez habitantes del país viven en la pobreza y casi 20 millones viven sin poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Es decir, el 6,1 por ciento viven en la pobreza extrema. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en América Latina, después de Brasil. Duque deja el déficit fiscal en un 83 por ciento: los gastos del país superan de largo sus ingresos y sin embargo las políticas sociales son extremadamente débiles y en amplias zonas del país el Estado está, simplemente desaparecido.
¿Cuáles son los tres principales desafíos que tendrá que afrontar el gobierno entrante?
Seguridad: reducción de la violencia
Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos —publicado a finales de julio de 2022 bajo el título ‘Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el Nuevo Gobierno’—, la política de seguridad del Estado colombiano durante los últimos dos años fue del todo insuficiente para reducir la vasta violencia del país.
La recomendación central del documento se alinea con una de las promesas de campaña de Petro: reformar la política de seguridad del Estado para enfrentar a los grupos armados y a las organizaciones criminales asertivamente. Para lograrlo, el nuevo presidente tendrá que implementar el Acuerdo de Paz con el fin de reducir la presencia de grupos armados en los territorios a través de una política estatal de desmantelamiento y, sobre todo, llamados a acuerdos de paz. Como ha contado el experto en seguridad Eduardo Álvarez en openDemocracy, el país tendrá que pasar de la paz pequeña a la paz total.
Petro ha indicado que buscará la implementación de los acuerdos con las FARC, así como nuevos diálogos con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del golfo; agrupaciones que ya han dicho que están dispuestas a negociar con él.
Tras años de negligencia y de desprecio por parte del gobierno saliente, Colombia vuelve a hablar de paz. Petro acaba de visitar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, aunque la reunión se desarrolló a puerta cerrada, su peso simbólico es innegable: “Su propósito de asegurar en Colombia la paz total no sólo es un loable designio, sino un mandato constitucional y un presupuesto básico de convivencia”, dijo el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes durante el encuentro.
Para reducir la violencia, Petro también tendrá que priorizar la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Los PDET son una herramienta esencial para constituir la paz en el territorio, porque son instrumentos especiales de planificación y gestión a 15 años que buscan estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, la debilidad institucional y las economías ilícitas para alcanzar el desarrollo rural de los 170 municipios escogidos como parte del programa. Según cifras del Gobierno, en estos municipios viven 6,6 millones de colombianos. Es decir, representa el 24 por ciento de la población rural del país. De lograr implementar los PDET, Petro tendría un acierto asegurado.
El PNIS, por su parte, busca promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos a través de programas que ayuden a los cultivadores a superar sus condiciones de pobreza y marginalidad que derivaron, por años, en su dependencia de este tipo de cultivos para subsistir. El programa, si se implementa correctamente, puede ser el puente para muchas familias que han dependido por años del cultivo de coca, hacia medios de vida sostenibles y legales, y alejarlos de la economía criminal y de la violencia de narcos y exguerrilleros que tiñe de sangre el campo colombiano.
Si el presidente de Colombia logra proteger a las comunidades desde un enfoque de derechos humanos, que englobe la relación de la violencia con temas como la pobreza multidimensional y la desigualdad, podrá sostener que el pueblo colombiano ha comenzado, por fin, a superar uno de los problemas más grandes que lo aquejan: la inseguridad generalizada en su territorio, incluidas las masacres y los asesinatos continuos de líderes sociales y ambientales.
Confianza económica con política social
La agenda económica con peso social de Petro fue, desde el comienzo de su campaña, uno de los miedos más explícitos para el empresariado y los inversionistas extranjeros en Colombia.
Para afianzar la gran alianza que quiere construir, el nuevo presidente tendrá que trabajar en construir confianza, sobre todo entre los inversionistas, para mantener el crecimiento del país.
“La clave está en llegar a consensos, conversar con todos los agentes posibles antes de que se presente algo, para generar confianza. Una cosa son las propuestas durante la campaña, otra las propuestas de política, y otras lo que realmente ocurre: hay que tener en cuenta los contrapesos en el congreso”, afirmó Renzo Merino, analista de la calificadora de riesgo crediticio Moody’s para riesgo soberano de Colombia.
Aunque parte de la credibilidad de Petro ante sus electores pasa por no flexibilizar sus propuestas en exceso, Merino tiene razón: el presidente colombiano necesita llegar a acuerdos con los empresarios y los inversionistas si quiere tener las riendas económicas de Colombia y asegurarse fondos para sus políticas sociales y ambientales.
Otro punto que definirá el éxito o fracaso económico del mandatario será la reforma tributaria. Será difícil que el texto que llegue al Congreso le dé confianza a todas las partes, sobre todo a la ciudadanía; pero de no ser así, Petro podría enfrentarse a una nueva ola de protestas.
En la cumbre del Pacto Histórico, la coalición que ganó las elecciones, el recién nominado ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que el Gobierno electo ha presentado al Congreso el proyecto de reforma tributaria. Según Ocampo, la meta es recaudar 25 billones de pesos colombianos (5800 millones de dólares) para, gradualmente, aumentar esa cifra a 45 o 50 billones. La propuesta, según declaraciones de Ocampo en entrevista con El Espectador, suavizará la carga tributaria para las empresas, pero la hará más pesada para las personas naturales, aunque no tocará la canasta familiar de los pobres. La reforma de Petro y Ocampo debe ser amable bien con la clase media y baja, si no quiere tener problemas serios para lograr su aprobación.
Según cifras del Centro de Memoria Histórica, más de la mitad de las tierras de Colombia (52 por ciento) está en manos del 1,5 por ciento de la población; lo que hace evidente que una reforma agraria es otra deuda pendiente en Colombia. Petro ha prometido que buscará disminuir la desigualdad en la propiedad rural, desincentivando los latifundios y subiendo los impuestos a la propiedad rural que no esté en uso. Para lograrlo, pondrá en marcha una reforma agraria que, de ser exitosa, saldará una deuda histórica con los campesinos colombianos en nombre de la cual se libró una devastadora guerra de 5 décadas con las FARC.
La otra gran apuesta económica de Gustavo Petro es la de crear un nuevo sistema pensional. En campaña prometió aumentar la participación estatal en el sistema pensional del país, en el que actualmente tiene protagonismo el sistema financiero privado.
Aunque representa uno de sus mayores retos, si logra crear un sistema que beneficie a todos, podría asegurar pensiones con garantías para la vejez. El sistema actual, que se creó e impuso a comienzos de la década de 1990, está comenzando a tener sus primeros pensionados. Sin embargo, muchos se quejan de que los montos de las jubilaciones son paupérrimos y distan de los que solían proveer los antiguos sistemas, que contaban con mayor protagonismo estatal.
La batalla con los grandes intereses vinculados a los planes de pensiones será dura. Economistas como Mauricio Santamaría, director del centro de investigación ANIF, asegura que las propuestas de Petro se centran en torno al fortalecimiento del régimen público lo que, de entrada, no soluciona los problemas de fondo del sistema pensional que son el desfinanciamiento debido a los altos índices de informalidad en el país: el 43,5 por ciento del país vive de actividades informales.
El enorme reto ambiental
El tercer gran reto del nuevo presidente colombiano es, sin duda, cómo poner en marcha las políticas y estrategias ambientales del país que anuncia su programa. Aunque tiene muchas urgencias que atender —como frenar la deforestación, y detener el asesinato de defensores ambientales—, la dificultad más grande será cambiar la política mineroenergética de Colombia y a la vez encontrar financiación para sus propuestas y para el sector ambiental.
Si bien firmar el Acuerdo de Escazú para proteger a los defensores ambientales e implementar un plan que detenga la deforestación en la Amazonía deben ser prioridades de su gobierno, cuadrar la visión energética que tiene sobre Colombia con la realidad de la industria y de las finanzas del país es su mayor desafío.
Cada una de sus propuestas tendrá que pasar por el Congreso para ser aprobada, y ahí tendrá trabajo extra para convencer a los lobbistas. Por otro lado, no es claro cómo financiará Petro sus propuestas ambientales. Solo detener la deforestación puede costar billones de pesos. Hoy Colombia destina sólo el 0,5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a temas ambientales, un déficit enorme que deberá solucionar el nuevo presidente antes de ejecutar planes más ambiciosos.
Petro se ha propuesto lograr la transición energética en Colombia. Sin embargo, se encontrará con la cruda realidad del sistema económico colombiano; la necesidad de contar con las regalías del petróleo para costear el funcionamiento del Estado. En este punto tendrá que llegar a consensos difíciles y buscar una transición gradual que permita el sostenimiento a largo plazo sin causar traumatismos en el erario, mientras avanza en la estructuración de políticas que hagan posible una Colombia más verde.
Aunque sus propuestas ambientales y energéticas son ambiciosas, Petro tendrá que cuidarse mucho para no dar pasos en falso que descarrilen la posibilidad de rectificar el anacrónico modelo de desarrollo del país.
El futuro prometido
En sus discursos, Petro aseguró que protegería a los desprotegidos, y promovería el sentir popular. Para lograrlo, tendrá que tener éxitos en cada uno de los retos mencionados.
Un cambio esperanzado llegó al poder el pasado 7 de agosto, cuando tomó posesión el primer mandatario de izquierda que gobernará el país en su historia moderna. Estará apoyado por su emblemática vicepresidenta, Francia Márquez, quien buscará defender las necesidades de los que ella llama “nadie”, los dueños de nada, que luchan por defender algo tan básico como la naturaleza y la vida, por décadas amenazados en una Colombia que, con este nuevo gobierno, se juega la esperanza de un futuro mejor.
