Marzo, 2022
Su recorrido desde que lideró las protestas estudiantiles en Chile en 2019 hasta que se posesionó el viernes 12 de marzo de 2022 como presidente ha sido meteórico. Salido de la calle, Gabriel Boric logró después de sólo tres años una votación histórica, con una ventaja de casi 12 puntos en segunda vuelta. Su gobierno le apuesta a tres ejes: la protección del medio ambiente, la defensa de la pluriculturalidad y el enfoque de género. Pero, además, deberá cerciorarse de que la constituyente siga por buen camino y cumpla con las expectativas de las y los chilenos. Como apuntan aquí, respectivamente, el escritor Ariel Dorfman y el sociólogo Alexis Cortés: la esperanza que la sociedad chilena ha puesto sobre el mandato de Boric es enorme, levanta grandes expectativas, pero deberá enfrentar importantes restricciones en su mandato, sin dejar de lado (u olvidar) que las fuerzas conservadoras de siempre siguen fuertes en Chile. ¿Podrá manejar las expectativas creadas?
Boric ante los desafíos de la historia
Ariel Dorfman
Cuando Gabriel Boric, con apenas treinta y seis años a cuestas, juró el viernes 11 de marzo como el presidente más joven de la historia de Chile, se vio de inmediato frente al desafío de remediar en los próximos cuatro años el problema más vetusto y antiguo que arrastra esta nación andina desde antes de su independencia en 1810.
En efecto, ya en 1796, José Cos de Iriberri, comerciante chileno, elogió “la opulencia y riqueza” de la tierra, pasando a lamentarse: “Quién pensaría que en medio de tal abundancia habría una población escasa gimiendo bajo el pesado yugo de la pobreza, la miseria y el vicio”. Por supuesto, el fantasma de Iriberri (que habitaba una provincia española de menos de un millón de almas), no reconocería el Chile contemporáneo, una nación de 20 millones de personas, gimiendo bajo el yugo de problemas típicos, más bien, del siglo XXI. Y, sin embargo, Iriberri advertiría también que la desigualdad, la injusticia y la corrupción continúan perturbando persistentemente a su tierra natal, aunque, de resucitar, quizás abrigara de pronto la esperanza de que esta situación desastrosa pudiera estar llegando a su fin.
Boric fue elegido porque encarnaba un vasto movimiento de ciudadanos que colmaron las calles en octubre del 2019 exigiendo un nuevo sistema político, un conjunto diferente de prioridades económicas y, sobre todo, dignidad para los desfavorecidos, una serie de medidas drásticas que, de ser llevadas a cabo, podrían dentro de poco invalidar un juicio tan melancólico como el de Iriberri.
El éxito de la tajante agenda de Boric dependerá de varios factores. Ante todo, en un país atormentado por la pandemia y el malestar social, tendrá que aumentar los impuestos a los súper ricos y a las grandes corporaciones, especialmente en el sector minero, para financiar reformas indispensables en salud, educación, planes de pensiones, un salario mínimo más alto, políticas ecológicas agresivas, así como el empoderamiento de las mujeres y la gobernanza regional.
Para obtener estos ingresos la administración de Boric tiene que negociar con un Congreso donde su coalición está en franca minoría. Moderar algunos de los objetivos más ambiciosos podría conducir a algunos acomodos, pero también es probable que decepcione y movilice a muchos de sus agitados seguidores que votaron por un líder que prometió enterrar el neoliberalismo y sus descontentos. De todas maneras, cualquier acuerdo que se alcance obligará a muchos meses de legislación, compromisos y presión desde la calle.
Una segunda serie de circunstancias precisa atención inmediata. Una crisis migratoria en el extremo norte del país, invadido por trabajadores indocumentados de toda América Latina, ha sembrado un tóxico sentimiento antimigrante que incitó a camioneros a que bloquearan rutas vitales, una acción que, de repetirse, podría paralizar áreas significativas de la economía. La propia postura de Boric de dar la bienvenida a sus hermanos y hermanas latinoamericanos se verá, entonces, puesto pronto a prueba.
En el sur del país, las justas exigencias reivindicativas de pueblos originarios largamente despreciados y expoliados han abierto un terreno fértil para una creciente violencia. El nuevo Presidente está decidido a rechazar la militarización que instaló su predecesor, el inepto derechista Sebastián Piñera, y estrenar un diálogo sereno con todas las partes, pero los acontecimientos sobre el terreno pueden constreñir su margen de maniobra.
¿Y cómo reformar a fondo una fuerza policial recalcitrante que ha brutalizado sistemáticamente a jóvenes y pobres y rebeldes, justo en una coyuntura en que se acrecienta la delincuencia y el narcotráfico?
El mayor desafío para la administración entrante, sin embargo, es la Convención Constitucional que fue creada para canalizar las demandas de los insurrectos y que en estos mismos momentos está escribiendo una nueva Carta Magna para reemplazar la que, fraudulentamente impuesta por Augusto Pinochet en 1980, había bloqueado las mismas reformas que Boric ahora quiere instituir.
Aunque la mayoría de los delegados (los conservadores sólo tienen 37 de los 154 miembros de la Convención) comparte las convicciones de Boric (ecológicas, feministas, igualitarias, profundamente participativas, con gran respeto por las creencias indígenas y el rol de las regiones), hay signos de tensión entre un gobierno que tiene que lidiar con las complicaciones cotidianas de la gente común y llegar a convenios con los adversarios, y muchos convencionales que sueñan con una patria completamente libre de explotación, donde la naturaleza reina en forma suprema y el multiculturalismo triunfa.
Lo único que Boric no puede permitirse es que los votantes, en un referéndum en septiembre, rechacen la nueva Constitución, una posibilidad que, por ahora, es poco verosímil, pero que, con pujantes fuerzas reaccionarias saboteando la Convención, podría conducir a un resultado que dejaría al nuevo gobierno atado a viejas leyes que, en el pasado, atascaron importantes alteraciones al statu quo.
A pesar de todas estas acechanzas y dilemas en el horizonte, el futuro me parece promisorio.
Hace treinta y dos años, el 11 de marzo de 1990, fui un invitado oficial a la toma de posesión del presidente Patricio Aylwin después de diecisiete años de terror dictatorial. Para esa transmisión del mando, conocía personalmente a todos los miembros del gabinete de Aylwin, así como a los jefes del Senado y la Cámara de Diputados. Me complace anunciar de que no me he topado nunca con ni uno de los Ministros y Ministras de Boric (¡es un gabinete paritario, el de Aylwin consistía sólo de hombres!), aunque sí he conocido de cerca a algunos de sus padres y abuelos.
Esta es una prueba rotunda y maravillosa de un verdadero cambio de guardia. Parece que ha llegado el momento de que esta multitud de jóvenes tan talentosos como el carismático y tatuado Boric —¡que no usa corbata!—, por fin arremeta con alegría y desparpajo contra la situación que devasta nuestra desafortunada patria desde hace tanto tiempo. No se trata simplemente de que asumen el poder con el respaldo de una ciudadanía ardiente dispuesta a rebelarse con aún más vehemencia si no hay respuesta a sus necesidades, sino que estos jóvenes políticos forman parte del resurgimiento de una nueva izquierda en toda América Latina, con posibles victorias en Brasil y Colombia en las postrimerías de este año que confirmarían esa tendencia.
Así que, a pesar de la crisis global creada por la invasión de Ucrania y sus secuelas, Boric enfrenta un panorama internacional favorable, sin el tipo de hostilidad o el intervencionismo descarado e imperial de los Estados Unidos que ha obstruido esfuerzos anteriores para realizar cambios fundamentales.
Boric representa, además, una vena libertaria que a mí me parece saludable para nuestra izquierda, oponiéndose al autoritarismo de todo tipo (ha criticado la represión de los disidentes en Cuba y ha denunciado al seudo sandinista Daniel Ortega como un dictador), que rompe con algunos de los dogmas revolucionarios más ortodoxos de América Latina (incluidos algunos de sus propios aliados comunistas en Chile).
Hay que comprender que la experiencia fundacional de la generación de Boric se forjó, no en la lucha contra una dictadura, sino que desafiando a gobiernos democráticos que no habían profundizado esa democracia y preferido a una élite pequeña, poderosa y privilegiada por sobre las urgencias de la inmensidad de sus conciudadanos.
Si logra Boric avanzar, utilizando medios pacíficos, hacia cambios sociales y económicos cruciales, e implementa una política intensa de justicia ambiental y de género, su ejemplo va a trascender las fronteras del propio Chile. En un momento en que estamos siendo bombardeados por una cascada implacable de noticias desesperantes, un modelo fundacional que ofrezca esperanza en la democracia y la participación puede inspirar al mundo y especialmente a los jóvenes.
Muchos, aquí en Chile y en el extranjero, estarán observando, entonces, cómo Gabriel Boric inaugura una nueva era en la historia de mi país. Junto a tantos hombres y mujeres que, presumo, le desean buena ventura, agregaría yo legiones de muertos que no pudieron resolver el enigma del perenne desarrollo desigual que todavía nos ronda. Tal vez el fantasma de José Cos de Iriberri, con ganas de descansar en paz, sonría, donde quiera que se encuentre, al reflexionar que, quizás esta vez, después de más de dos siglos de intentos fallidos, sus compatriotas tengan el gobierno que finalmente se merecen.
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Nuevo gobierno de Boric en Chile: un laboratorio de cambio social
Alexis Cortés
El triunfo en Chile del candidato de la izquierda Gabriel Boric contra el representante de la extrema derecha pinochetista José Antonio Kast es, sin duda, el acontecimiento político más importante de América Latina en 2020. De hecho, el éxito o fracaso de su futuro gobierno afectará la capacidad de la izquierda en la región para proyectar un ciclo político renovador.
Teniendo como meta la conformación de un gobierno eco-feminista que se inspira en el socialismo democrático de Salvador Allende, el futuro gobierno de Boric se depara con un desafío inédito en Chile: consolidar un proyecto transformador que establezca las bases para la superación del modelo neoliberal. Para eso, es claro que la relación con los movimientos sociales será fundamental. El ciclo político actual está íntimamente ligado al ciclo de movilizaciones de los últimos 10 años en el país andino y del cual el propio Gabriel Boric es resultado.
Chile, de laboratorio del neoliberalismo a caldera de luchas
Desde la década de 1990, Chile fue colocado como el paradigma, para los países emergentes, de un desarrollo que combinaba apertura económica con estabilidad democrática. Sin embargo, la vía chilena al neoliberalismo fue súbitamente desacreditada para una serie de movilizaciones sociales que encontraron en el estallido social de octubre de 2019 su expresión más aguda. El ciclo de movilizaciones recientes reveló al mundo el lado oculto del modelo chileno: altos niveles de desigualdad, precariedad de la vida, endeudamiento y desacople entre demandas sociales e institucionalidad política.
¿Cómo fue posible el paso del país modelo del neoliberalismo al actual momento de cuestionamiento? Las movilizaciones de estudiantes secundarios en 2006 y de universitarios en 2011 son un marco para comprender este giro. Precisamente, el nuevo presidente de Chile, el más joven de su historia y el más votado (en términos absolutos), construyó su trayectoria política en esas rebeliones educacionales, principalmente como dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 2012.
Dos de sus más estrechos colaboradores y aliados políticos fueron los líderes más destacados del 2011, la comunista y vocera del nuevo gobierno Camila Vallejo (Presidenta FECH en 2011) y el fundador del partido Revolución Democrática y también futuro ministro, Giorgio Jackson, quien fuera en 2011 Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC). Todos ellos, se movilizaron contra la mercantilización de la educación durante el primer mandato de Sebastián Piñera. Diez años después de esa “primavera chilena”, es el propio Piñera quien ha traspasado el mando del país a ese grupo de dirigentes.
Por lo mismo, el triunfo de Boric muestra que la relación entre ciclos de movilización y ciclos político-electorales es más sinuosa que lo que se podría esperar. A pesar de que las movilizaciones estudiantiles tuvieron efectos políticos inmediatos: se creó una bancada estudiantil en la Cámara de Diputados, que incluía, entre otros, a los dirigentes ya citados, y que la demanda por cambios pavimentó la llegada por segunda vez de Michelle Bachelet a La Moneda con un proyecto político más reformista; también la insatisfacción con las reformas de ese gobierno y el retorno de Piñera al poder en 2018 llevaron apresuradamente a creer que el efecto político de 2011 se había agotado.
Lejos de eso, las movilizaciones estudiantiles abrieron un cuestionamiento a la mercantilización de los derechos sociales heredada de la dictadura de Pinochet y a las lógicas meritocráticas que supuestamente operaban en la educación. Paralelamente, una serie de movilizaciones de habitantes de “zonas de sacrificio” evidenciaron los límites ambientales del extractivismo chileno, siendo el punto de partido las marchas con el mega proyecto eléctrico “Hidroaysén” en la Patagonia en 2011. El movimiento “No más AFPs”, contra el sistema de pensiones basado en la capitalización individual, mostró que uno de los pilares del modelo chileno —sea por su contribución financiera a la economía o por ser una política pública de exportación del modelo chileno— tenía una fuerte erosión en su base de legitimidad, principalmente por entregar jubilaciones que son un pasaporte a la pobreza.
El mayo feminista de 2018 marcó la irrupción con una magnitud inédita de este influyente movimiento, inyectando fuertes dosis de desnaturalización y de cuestionamiento al modelo y, sobre todo, empoderando políticamente a las mujeres, las que fueron determinantes para inclinar la balanza electoral contra Kast en la segunda vuelta presidencial, pues su programa promovía un retroceso de todas las pautas feministas. Además, el movimiento Mapuche se movilizó permanentemente por la recuperación de sus tierras ancestrales y por mayores grados de autonomía. Todas estas movilizaciones fueron acumulando presión sobre el sistema político para finalmente escapar de manera volcánica el 18 de octubre de 2019, combinando esos descontentos de forma inorgánica, pero avasalladora.
El principal efecto político de esa explosión fue generar las condiciones para el cambio constitucional. A diferencia de las democratizaciones de otros países de la región, la chilena tuvo como característica el hecho de no realizar una Asamblea Constituyente que reorganizara la institucionalidad política después de la dictadura, a pesar de que la Constitución hecha por el régimen de Pinochet fue fuertemente programática y limitadora de la voluntad popular. De este modo, la democracia chilena quedó condicionada constitucionalmente: se mantuvo un Estado subsidiario, así como la privatización de los derechos sociales y, al mismo tiempo, se imposibilitaba la realización de grandes reformas por los principios contra-mayoritarios preestablecidos por la Ley Fundamental.
Intentos de reformas sociales previas fracasaron, como durante el segundo gobierno de Bachelet, porque eran consideradas inconstitucionales por el Tribunal ad-hoc con mayoría de representantes de la derecha. Por eso, a pesar no haber una única demanda aglutinadora durante las movilizaciones de 2019, parecía claro que no habría salida institucional posible a la crisis sin una nueva Constitución. Aunque el Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución firmado el 15 de noviembre de 2019 por el mismo Gabriel Boric, con la oposición de su propio partido (Convergencia Social), fue fuertemente cuestionada por grupos movilizados y por el Partido Comunista, la realización del plebiscito constitucional abrió un camino de victorias electorales para los sectores transformadores, permitiendo una fuerte presencia de los movimientos sociales en la Convención Constitucional que hoy redacta la Carta Magna.
El estallido social y la victoria de Gabriel Boric
¿En qué medida el triunfo electoral de la coalición de Gabriel Boric, Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio, formado por partidos derivados de la movilización estudiantil de 2011, y el centenario Partido Comunista, es producto del Estallido Social? El propio Boric ha reconocido que el futuro gobierno proviene de los movimientos sociales, principalmente del estudiantil. También es claro que sin el Estallido sería inimaginable la llegada a La Moneda de esta nueva generación política. Sin embargo, la relación con el Estallido es más ambivalente de lo que se podría pensar inicialmente.
La propia primaria para definir al candidato presidencial de Apruebo de Dignidad realizada en julio de 2021 entre Boric y Daniel Jadue, el alcalde comunista que encabezaba por ese entonces las encuestas electorales, parecieron una disputa entre un Boric que buscaba encarnar el espíritu de entendimiento del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre versus un Jadue que transmitía el tono más contencioso del 18 de octubre.
Con todo, sería erróneo calificar el resultado de esa primaria como una derrota de la revuelta popular del 2019. En buena medida, porque uno de los principales efectos políticos del estallido fue establecer un consenso social sobre la necesidad de cambios estructurales. Excluyendo a José Antonio Kast, todas las candidaturas, incluyendo la de la derecha democrática, buscaban de alguna manera presentarse como alternativas de cambio. En ese marco, Gabriel Boric consiguió afirmarse durante la campaña como la persona más capacitada para generar los acuerdos políticos y sociales necesarios para viabilizar las transformaciones exigidas por la ciudadanía en las calles y en las urnas.
Lo anterior, a pesar de que una parte importante del electorado parecía distanciarse de la discursividad y estética del Estallido Social durante la campaña presidencial. De hecho, el desgaste de las movilizaciones, la experiencia de la pandemia, las consecuencias de la crisis económica asociada a ella y la crisis migratoria en el norte del país provocaron una cierta saturación de incertidumbre en parte de los electores, quienes comenzaron a ser seducidos por el discurso de orden del candidato de la extrema derecha José Antonio Kast.
A pesar de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en las movilizaciones de 2019-2020 durante el gobierno de Piñera, Kast prometía orden dándole más atribuciones a las policías, al mismo tiempo que explotaba la xenofobia y el autoritarismo, asegurando que aplicaría mano dura contra la migración ilegal, la delincuencia y el vandalismo.
Parecía ilógico que después de las masivas manifestaciones contra el gobierno de Piñera un candidato como Kast pasase en primer lugar a la segunda vuelta presidencial. Pero, la demanda por certezas era tan fuerte como la demanda por cambios en la sociedad chilena. Y Kast consiguió no sólo ofrecer seguridad durante la primera vuelta como logró distanciarse exitosamente del gobierno de Piñera, a quien criticaba por su debilidad y falta de convicción.
Sin embargo, Boric fue hábil a la hora de transmitir que la única manera de recuperar la estabilidad perdida era a través de la realización de reformas transformadoras. No hacer los cambios, sólo produciría más inestabilidad, más aún con la amenaza de Kast de encabezar desde el palacio presidencial la campaña de rechazo a la Nueva Constitución. Así, si Boric consiguió encarnar la idea de cambio, Kast, con su trayectoria pinochetista y con fuerte apoyo del gobierno de Piñera en la segunda vuelta, no logró evitar ser asociado al retroceso. Kast iba en la dirección contraria de lo que la sociedad venía demandando y representaba una amenaza real para las pautas de los movimientos sociales, particularmente para el movimiento feminista y de disidencias sexuales. De ese modo, si por un lado, Boric conseguía activar un sentimiento movilizador de esperanza, por otro, complementariamente Kast provocaba un sentido de responsabilidad entre sectores menos politizados y en aquellos que históricamente han rechazado la participación electoral. Todos estos factores influyeron para que más de un millón de nuevos electores, particularmente mujeres jóvenes y sectores populares, inclinasen el resultado a favor del candidato de la izquierda.
Los movimientos sociales en el futuro gobierno
¿Qué se puede esperar de la relación de los movimientos sociales con el gobierno de Gabriel Boric? Para responder a esta pregunta es necesario considerar que el nuevo gobierno asumirá en un escenario político adverso. Sin mayoría en el Congreso, con la pandemia aún activa, con una crisis económica y migratoria fuertes y con una escalada bélica en Europa; el gobierno deberá gestionar con mucho cuidado las expectativas que generó su elección. Además, durante la primera parte de su gobierno continuará con las restricciones de la Constitución de Pinochet todavía vigente y deberá concentrar energías en aprobar la nueva Ley Fundamental e implementar en el corto plazo una agenda legislativa que luego la haga operativa.
Las primeras señales del gabinete apuntan a la ampliación de la base de gobierno a la antigua Concertación de partidos de centro-izquierda que gobernó durante la mayor parte de la democratización. Es claro que sin el apoyo de esos partidos no sería posible el triunfo de Boric y que la gobernabilidad futura sería más precaria. Sin embargo, la rehabilitación de los partidos a los que el Frente Amplio y el Partido Comunista impugnan el fortalecimiento de las lógicas neoliberales del modelo chileno provoca escepticismo entre sectores de izquierda.
Sin duda, el gobierno de Boric requerirá de la antigua centro-izquierda para poder gobernar, pero eso no será suficiente para implementar los elementos más relevantes de su programa: reforma tributaria, de pensiones y de salud. Por otra parte, aunque la derecha está en crisis, se rearticulará para promover el rechazo de la nueva Constitución en el plebiscito de salida, así como para intentar bloquear las iniciativas gubernamentales.
En ese sentido, los movimientos sociales pueden ser el fiel de la balanza para que el proyecto transformador del nuevo gobierno logre realizarse. Sin embargo, el equilibrio será inestable. Una parte de la sociedad chilena, a pesar de haber apoyado las movilizaciones de 2019-2020, espera que este momento sea de construcción y no de manifestación. Solo que sin el impulso de las calles es más difícil que el futuro gobierno sea exitoso en su esfuerzo renovador.
Por otro lado, aunque la sociedad chilena ha ganado en historicidad, o sea, en capacidad de autoconstrucción conflictiva, esta fuerza de los movimientos sociales no se ha estabilizado en formas más orgánicas que permitan predecir cómo se comportarán.
La relación entre los movimientos sociales y el nuevo gobierno tendrá tensiones y contradicciones, pero ambos dependen uno del otro. Ciertamente, habrá desencuentros respecto de la velocidad de los cambios, la ponderación de las dificultades, las fronteras de autonomía e identificación con el gobierno y la dualidad de roles que éste tendrá, pues a veces será visto como aliado y otras como contraparte.
Simultáneamente, el gobierno de Boric necesitará de la presión de los movimientos sociales como un factor para dinamizar el avance de su programa y los movimientos sociales requerirán del éxito de las reformas propuestas durante la elección para que sus demandas por fin se expresen institucionalmente. Para que esta relación llegue a ser simbiótica es necesario construir un escenario de confianza y dar las señales que garanticen que será el cambio el sello del nuevo gobierno.
No obstante, este escenario complejo podría ser una oportunidad para que la sociedad chilena construya una nueva forma de relación entre movimientos sociales y Estado, dejando atrás dinámicas que limitaron el potencial democrático del ciclo progresista anterior: subordinación al liderazgo presidencial, cancelación de las críticas y de las diferencias y reducción del pluralismo.
Son tan altas las expectativas como las restricciones del futuro gobierno de Gabriel Boric. Sin duda, para su éxito será fundamental la presencia de la sociedad movilizada que hizo posible este momento político. Por eso, hoy Chile vuelve a ser un laboratorio del cambio social.