“Setenta países no tendrán acceso a la vacuna este año; algunos tendrán que esperar a 2024”
La tarde del martes 12 de enero, Marc Botenga, un eurodiputado belga de la Izquierda Unitaria Europea, se presentó en el número 232 de la Rue Belliard de Bruselas, donde se encuentra la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria. Anunció su llegada y una persona de la Comisión Europea bajó a recibirle y le acompañó hasta una habitación. Antes de entrar tuvo que entregar el celular y sus cosas. Solamente podía acceder con lápiz y papel. Después de firmar un acuerdo de confidencialidad, Botenga pudo sentarse en la habitación donde está uno de los documentos más importantes de Europa en este momento: uno de los contratos que la Comisión Europea ha firmado con distintas farmacéuticas para la adquisición de dosis de sus vacunas contra el coronavirus. Marc Botenga es una rara avis dentro del Parlamento Europeo. Joven, paciente, enérgico, de atenta escucha y carcajada honesta, rezuma una gran solidez ideológica y formativa. Si bien es cierto que esta entrevista con él se centra sobre todo en la Unión Europea y sus estados miembros, no deja de ser interesante (e importante) los temas que abordan de paso: que la propiedad intelectual —la patente— de las vacunas contra la covid-19 permanece al 100 % en manos de la industria; que las empresas farmacéuticas son las que han decidido la cantidad de vacunas que se pueden producir y el precio de venta; que la Comisión Europea cedió a las demandas de estas compañías; o que habrá cerca de setenta países que no tendrán acceso a la vacuna este año…
Casandra Greco
Marc Botenga (Bruselas, 1980) es una rara avis dentro del Parlamento Europeo. Joven, paciente, enérgico, de atenta escucha y carcajada honesta, rezuma una gran solidez ideológica y formativa. Alejado de la política vacía del opinion maker cree firmemente en lo que dice. De un gran rigor profesional destaca por ser una de las voces más comprometidas en la lucha por los derechos laborales, sociales y sanitarios. Experto en derecho, encabezó la lista por el Parti du Travail de Belgique (Bélgica) en 2019. Las preguntas que ha elevado a la Comisión Europea son siempre incisivas. Sus intervenciones en las sesiones plenarias no dejan nunca indiferente. No se rinde y tampoco da margen a la escapatoria fácil de la realpolitik.
Su nombre ahora ha saltado a los medios de comunicación internacionales por haber sido el primer eurodiputado en acceder a la consulta “censurada” de uno de los seis acuerdos de compra anticipada de vacunas anti-covid-19 por parte de la Comisión Europea. En esta entrevista, que resume una hora de conversación, ofrece una reflexión pausada y honesta dentro de la vorágine pandémica que nos circunda.
—Usted hizo público que sólo dispuso de 50 minutos para consultar el contrato firmado con la farmacéutica alemana CureVac bajo estricta vigilancia y permitiéndole acompañarse exclusivamente de un bloc de notas y un lápiz. Parece casi la secuencia de un filme de espionaje en plena guerra fría. Sin embargo los contratos tratan de vacunas, de un bien público destinado a garantizar el derecho fundamental a la salud. Y esto me lleva a preguntarle: ¿la covid-19 está alterando el derecho de acceso a la información pública o es un caso aislado? ¿Existe transparencia en la Unión Europea (UE)?
—No. Esta es una transparencia ficticia, esto es, sujeta a filtros. Y, por tanto, que no está a la altura de lo que cabría esperar cuando se utilizan fondos públicos para financiar algo que es de vital importancia para el mundo entero. Así que ciertamente, no, esto no es transparencia. De hecho, la expresión que utilicé en el pleno parlamentario es que la Comisión Europea (CE) ha privatizado la transparencia.
—¿En qué sentido?
—Dejó que la industria farmacéutica decidiera qué mostrarnos y qué no. En ese sentido, ha sido menos transparente que las autoridades estadounidenses, mucho más abiertas al publicitar el contrato y la totalidad de sus cláusulas. Con posterioridad a la sesión plenaria, la Comisión decidió publicar una versión censurada del contrato de CureVac en su web. Se puede decir que ganamos esa pequeña batalla. Es una victoria importante. Es evidente que estamos aún muy lejos de donde debemos estar. Estoy a favor de la transparencia total, es decir, de un control independiente sobre las vacunas, sobre la administración… Eso lo tengo muy claro.
—El presidente de la Comisión de Salud, Pascal Canfin, definió la falta de transparencia en lo que respecta al precio, rapidez de distribución y cláusulas de indemnización de las vacunas ante daños inesperados como una ‘orgía de omisiones’. Parece que hay preguntas aún sin respuesta. ¿Es así?
—Creo que todo lo que refiere Pascal Canfin es cierto. La ausencia de transparencia es claramente un problema. La CE se esconde tras el secreto comercial. Lo que me parece improcedente e injusto: ¿por qué no se debería revelar el secreto comercial en Europa? Quiero decir, lo que es público en Estados Unidos tiene que ser público en Europa. Pero pienso que tampoco deberíamos subestimar aquello que sí sabemos de estos acuerdos. En este punto difiero un poco de Pascal Canfin. En mi opinión, ciertas cosas las conocemos y son inquietantes. Sabemos, por ejemplo, que la propiedad intelectual, la patente, permanece al 100% en manos de la industria.
—¿Y eso qué implica?
—Esto implica que, si bien los fondos públicos han financiado la investigación, el desarrollo, la capacidad productiva…, la propiedad final de la vacuna sigue siendo de la empresa. Esto se traduce, a fin de cuentas, en que es la empresa la que decide la cantidad de vacunas que se puede producir y el precio de venta. Ahora estamos viendo las consecuencias del problema. En muchos Estados miembros, Pfizer realmente ha decidido limitar el número de dosis, es decir los viales de vacuna, que se van a distribuir. En el caso específico de Italia hemos constatado que hace dos semanas recibieron aproximadamente unas 160.000 dosis menos de lo acordado. La UE ha conferido el monopolio a las empresas farmacéuticas. Lo mismo sucede a nivel internacional. La política tiene un margen de maniobra muy limitado. En cambio, si elimináramos la patente, muchas más empresas podrían fabricar la vacuna. Dispondríamos de un mayor número de vacunas en menor tiempo y esto nos permitiría disponer de campañas de vacunaciones mucho más rápidas.
—¿Y qué hay de la responsabilidad legal sobre los ‘daños’?
—Que no conocemos en profundidad los términos sobre esta responsabilidad, es cierto y no. Efectivamente, Canfin no se equivoca al afirmar que hay párrafos censurados. Desafortunadamente, esto es cierto. Pero también vemos claramente en el contrato (punto 1.23.3), aunque no en detalle, que la responsabilidad recae en los Estados miembros. Esto está meridianamente claro en el contrato. En caso de daños serán los Estados miembros quienes asuman el coste. Las propias farmacéuticas (CureVac y otra industria filial de la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) nos avisaron cuando vinieron al Parlamento. Nos dijeron: “Ustedes, deben pagar. Deben correr este riesgo”. Así que no estamos completamente a ciegas. Vemos cosas y ciertas cosas son muy inquietantes porque ilustran que seremos nosotros quienes asumamos el pago y no las farmacéuticas.
—Pero no debería ser así…
—Sí. Esta no es una cláusula habitual, por así decir, en los contratos europeos. Es algo que se hace, de vez en cuando, en Estados Unidos, pero raramente en la UE. Realmente nos enfrentamos a una situación en la que la UE, la Comisión Europea, ha cedido más que en anteriores ocasiones.
—Existe una Iniciativa Ciudadana Europea ‘Right to Cure’ para que las vacunas y tratamientos sean considerados un bien público global, accesible a todos y todas de manera gratuita. Yo misma la firmé el otro día ¿Qué opina?
—Esta es una iniciativa realmente importante que acaba de lanzarse. Piense que la iniciativa es clave, ya que las organizaciones de la sociedad civil, los activistas de la salud, pero también los partidos políticos que trabajan en este tema permiten darle una gran visibilidad. Es una iniciativa que pide transparencia pero también que se retiren las patentes por una razón básica: se trata de una pandemia. Es decir, no sólo hemos pagado ya tres, cuatro veces el valor de esta vacuna (en lo que se refiere a investigación, desarrollo, producción, licencia de compra), sino que nadie estará protegido hasta que todos estemos protegidos. Y, por tanto, esto es un problema de salud pública mundial. Y por eso nosotros, con nuestro grupo, y también en sesión plenaria, hemos respaldado esta iniciativa. Esperamos que consiga atraer una auténtica movilización social…
—La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, aseguró a los eurodiputados que “sus peticiones de transparencia han sido escuchadas”. ¿Está de acuerdo? ¿En qué se traduce concretamente?
—Lo desconocemos. Llegó a decir en una sesión plenaria que el contrato de Pfizer se haría público, que tenían un acuerdo con Bourla (director ejecutivo de dicha farmacéutica). Luego, dos horas más tarde, hubo un tuit del portavoz de la Dirección General de Salud (DG-Santè), quien afirmó todo lo contrario. Expuso: “No tenemos aún un acuerdo con Pfizer”. La Comisión no es del todo clara. Hace promesas porque está bajo presión.
—Hasta este momento estamos hablando de la transparencia de los contratos de compra, pero ¿aquí acaba la transparencia?
—Aquí hay otro aspecto problemático, que es la transparencia de aquello que denominamos “brotes”. En Bélgica, por ejemplo, durante mucho tiempo, no se podía determinar el foco real de infección. Era un problema porque no sabíamos dónde estaba el origen. ¿Por qué? No se quería dar a conocer este dato porque no se quería presionar a las empresas, a las fábricas de producción, etc. Ahora lo sabemos. Sabemos que gran parte de las infecciones tenían lugar en el ámbito laboral. Lo que debería incitar a los gobiernos a realizar más inspecciones para ver si cumplen con las normas establecidas. En lo que respecta a los datos de las estadísticas, en general es todo un reto obtenerlas a nivel local pero también a nivel nacional. Por ejemplo, el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) discrimina cada zona de riesgo por colores, pero estos no se interpretan ni se utilizan de la misma manera en todos los países. Para decirlo claramente, los países los adaptan un poco a su modo, ¿no? Y por lo tanto, incluso esto es un problema, si bien, mucho más capilar. Por nuestra parte, siempre abogamos y reclamamos todavía hoy la disposición de todos los datos posibles en open access. Los solicitamos, por ejemplo, para poder identificar los brotes, conocer la cantidad de vacunaciones realizadas… Aunque parezca insólito, en Bélgica, hasta hace poco, hasta hace dos semanas no había datos públicos oficiales del número de vacunas realizadas.
—Hemos cruzado el umbral de los dos millones de muertes asociadas con la covid-19. Los países europeos han estado en el epicentro de la pandemia y el exceso de mortalidad en las tres oleadas. En su opinión, ¿ha pesado quizá más la economía que la salud o son otros los motivos?
—Hemos visto que la economía ha pesado más que la salud en diferentes momentos. Lo vimos en su tiempo en Lombardía (Italia), cuando la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria) presionaba para no cerrar ciertas fábricas y lo vemos ahora con la vacuna. Sin embargo, el punto en el que nos encontramos ahora es el mismo. Sí, este es un sistema económico problemático. Sin embargo, según pasa el tiempo, esta crisis está abriendo una oportunidad para poner sobre la mesa ciertas cosas. Pienso, por ejemplo, en la idea de invertir en salud pública. Durante años, hemos asistido a importantes recortes en diversos países. Hemos visto a la Comisión Europea insistir a los países miembros en sus recomendaciones, hasta en 63 ocasiones, para que redujeran el gasto público en salud. Hemos visto privatizaciones en todas partes. Pero hoy crece el número de personas que dicen: “Realmente necesitamos un sistema de salud muy fuerte con una primera línea de base (médicos de atención primaria) mejor financiada que antes”. Este cambio también lo constatamos en las vacunas. En el caso de medicamentos esenciales, dependemos por completo de la buena voluntad del poder farmacéutico. Ahora bien, ¿es esto normal? Desde este punto de vista veo un resquicio de esperanza. Es decir, veo todo lo que salió mal, pero también veo que hay una cierta apertura en la opinión pública para cambiar la lógica de las cosas.
—¿Cómo valora el papel desempeñado por la Unión Europea en la gestión del SARS-CoV-2? ¿Ha estado a la altura de esta pandemia y de la ciudadanía? Los ciudadanos tuvieron la impresión de que ésta actuó casi a cámara lenta y de modo algo caótico ¿Cuál es su opinión?
—Esta no es una elucubración. Fue así. Es decir, hemos presenciado todas estas luchas intestinas nacionales, nacionalistas, de los diferentes países. Alemania que bloqueaba el material médico… En mi opinión, ocurrieron situaciones y olas muy negativas porque todos los países han hecho lo mismo, han actuado cada uno, un poco a su manera ¿no? La UE se construyó principalmente como un espacio de competitividad económica y claramente esto ha dificultado la coordinación. Por ejemplo, Lombardía dijo: “Si cerramos, entonces tal vez, la región del norte, nuestro país perderá competitividad frente a Alemania”. La dinámica del mercado y de la competencia es, no obstante, el ADN de la UE. Lo que hace muy difícil cooperar, colaborar…
“La idea de negociar conjuntamente con las farmacéuticas era buena porque si la UE dice: ‘Somos 27 Estados miembros, 450 millones de personas, negociamos a un precio más alto que cada país’… Lamentablemente, después, han negociado, vamos a decirlo así, mal. Cedieron a las demandas de las compañías farmacéuticas. Alemania decidió luego negociar en paralelo…”
—¿Es un problema de falta de competencias?
—Hay quienes dicen que esto sucede porque la UE no tiene competencias. Yo creo que no es cuestión de competencias sino de voluntad; de si queremos o no; de si renunciamos a nuestra competitividad económica o pensamos en la salud pública como una prioridad. La respuesta en cada uno de los Estados ha sido optar por la competitividad económica, lamentablemente. La UE tiene una enorme responsabilidad en el debilitamiento de los sistemas nacionales de salud y en la austeridad. Esto es algo que no debemos olvidar. El hecho de reclamar un poder competencial es consecuencia directa del tipo de Europa que hemos construido. También han existido pequeños bellos momentos como la compra común agrupada de vacunas ¿no? Lo que más me preocupa ahora, sin embargo, es que la UE está ideando un nuevo programa de salud, es decir, un Programa Europeo de Salud, y allí el sector privado jugaría un papel muy importante. Me temo que si lo permitimos, la construcción de esta Europa de la salud acabe siendo, en realidad, una construcción de mercado más que de un sector público de salud a nivel europeo. Y esto, lo temo, lo temo mucho.
—“Nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo”. Este es el lema de la OMS y la UE. Para garantizar la igualdad de acceso a las vacunas en los países pobres se creó la herramienta COVAX. Sin embargo, en estos días, el mismo director general de la OMS ha publicado este impactante tuit: “Se han administrado más de 39 millones de dosis de la vacuna en al menos 49 de los países de mayores ingresos. Solo 25 dosis se han administrado en uno de los países de menores ingresos. No 25 millones, ni 25.000, sólo 25 dosis”. ¿Es esto un fracaso moral?
—Sí, es un desastre, una catástrofe moral. Esto es lo que dijo Tedros Adhanom porque habrá cerca de setenta países que no tendrán acceso a la vacuna este año. Algunos países y personas deberán esperar a 2024. Sí, esta es una catástrofe inmoral por falta de solidaridad. Se pidió que se suspendiera la patente a Sudáfrica y la UE lo rechazó, en consonancia con la Organización Mundial del Comercio. Lo encuentro escandaloso. Sobre el tuit de Tedros, son las cifras las que destrozan la retórica de la CE sobre la solidaridad internacional. No se trata de elegir entre Europa o el resto del mundo. La elección que debía hacerse es: ¿queremos beneficios privados a través de patentes o queremos una vacuna pública y común? Esa era la elección, una elección que todavía nos estamos planteando hoy día.
—Ante el imparable número de muertes y la incertidumbre de mutaciones que podrían poner en peligro la eficacia de las vacunas, el Parlamento Europeo ha pedido una mayor solidaridad a todos los agentes implicados, incluidos los gobiernos y la industria farmacéutica. ¿Tiene su grupo europarlamentario medidas concretas para garantizar un mejor acceso, equidad y rapidez en la distribución de vacunas?
—Más allá de que el trabajo se desarrolle aquí y allá o en comisiones parlamentarias, la cuestión realmente importante es apoyar la iniciativa ciudadana de la que hablamos antes porque es un instrumento legal. Es decir, si estas personas consiguen un millón de firmas, entonces, en ese caso, la Comisión debe dar respuesta. Este no es un detalle menor. Debe también trasladárnosla a nosotros como parlamentarios, lo que otorgaría un peso específico a las iniciativas parlamentarias en marcha. Si se consigue el respaldo social, podríamos intervenir en el pleno y decir: “No somos sólo nosotros, tenemos detrás a un millón de ciudadanos”.
“Disponemos de instrumentos suficientes (como las licencias obligatorias a nivel nacional) y, por tanto, todas las opciones técnicas están ahí. La voluntad política, si la hay, bastaría para ponerlas en práctica. Y para eso confiamos mucho en la movilización social”.
—La Unión Europea es responsable de negociar los contratos de compra (vacunas, pruebas, etc.), firmar contratos y velar por el cumplimiento de sus términos. A pesar de ello, ha habido mucha polémica en los últimos días por los retrasos en la distribución de la vacuna por parte de Pfizer y de AstraZeneca, lo que puede poner en riesgo los planes de vacunación de los grupos más vulnerables. Italia amenazó con activar a la Abogacía del Estado por incumplimiento de contrato. Seis Estados miembros enviaron una carta de protesta a la Comisión Europea. El Reino Unido quería salvar la vacuna ofreciendo una sola dosis. Angela Merkel está trabajando en un presunto acuerdo con Rusia para ayudarse mutuamente en la producción y uso de vacunas. El diario israelí Globes hizo público un acuerdo firmado con Pfizer el pasado 6 de enero por el que, supuestamente, la farmacéutica daría prioridad a Israel para algunos de los envíos si el país le proporcionaba datos epidemiológicos para evaluar la efectividad de la vacuna. ¿Qué está pasando con la distribución de la vacuna en Europa? ¿Prevalece el nacionalismo sobre la salud pública mundial? ¿Es un grito desesperado de sálvese quien pueda? ¿Hay alguna forma de evitar estos aparentes dobles juegos? ¿Podrían estos nacionalismos de las vacunas penalizar también a la UE?
—Desconozco los detalles, pero hay quien dice que Israel podría haber pagado supuestamente al menos el doble que la CE y, por lo tanto… En definitiva, es el modelo económico el que es incorrecto. Pfizer es una empresa que quiere obtener beneficios económicos. Tienen una vacuna que es eficaz pero que tiene un gran defecto: que se debe conservarse a una temperatura inferior a la estándar, esto es, a -70ºC. Sí de aquí a dos o tres meses disponemos de una vacuna que simplemente se puede guardar en la nevera, quizá la de Pfizer empezaría a venderse menos, menos, menos. Por lo tanto, Pfizer ahora maximiza las ganancias y vende rápidamente. Presiona y vende. Cuando alguien viene y dice supuestamente que paga el doble, entonces Pfizer le da prioridad a Israel… Es un problema y no sé hasta qué punto es legal si se compara con el contrato llevado a cabo con la CE. En otras palabras, lo verdaderamente problemático del asunto es que relegamos el poder de decisión a la empresa. La lógica del asunto israelí demuestra la perversión del modelo actual. Si tienes mayor capacidad de compra, adquieres más vacunas. Si no la tienes, como ocurre en África o en otros países, no las tendrás este año. Hay 70 países en el mundo que no accederán a estas vacunas este año. Debemos reflexionar sobre el tipo de modelo económico del que estamos hablando.
—¿El punto de partida de este desequilibrio en el acceso a las vacunas podría deberse también de alguna manera a que fueron los países ricos quienes consiguieron asegurar la reserva de compras masivas de vacunas a precios de mercado? No existe ninguna ley internacional que impida la ejecución de acuerdos de compra anticipada. ¿Debería existir?
—Me parece difícil vetar la compra anticipada a escala internacional. La única contramedida posible sería partir en dos la patente. Es decir, lo repito, si la vacuna, un fármaco, es de propiedad privada, entonces la empresa propietaria puede venderla como quiera y a quien quiera. Si queremos evitarlo, debemos impedir que se convierta en propiedad privada. Lo cual, me parece muy legítimo, en la medida en que la hemos financiado todos. Ciertamente, las compras anticipadas o bilaterales que ha llevado a cabo la UE, Israel, etc., niegan las vacunas a otros, pero esto es posible sólo porque la vacuna es de propiedad privada. Si fuera de propiedad pública, sería imposible hacer algo así.
—La sociedad europea tiene mucha confianza en que los fondos europeos para la recuperación servirán para reconstruir una nueva Europa ¿Podemos hablar de victoria? ¿Existe el riesgo de que los fondos de recuperación acaben desarrollando planes alejados de los ciudadanos, de sus necesidades y sentimientos?
—Por supuesto. Lo positivo es que, por primera vez, se ha desarrollado un mecanismo de solidaridad europea; un mecanismo que, aunque limitado, no deja de ser importante porque comporta, entre otras cosas, la cesión de préstamos conjuntos, etc. En mi opinión, esto constituye de por sí una victoria. Por lo que respecta, sin embargo, a las prioridades y a cómo se gastarán estos fondos, será objeto también de lucha a nivel nacional. Cada país, cada región, tendrá que sopesar cómo se gastarán estos fondos. Un problema grave es que el objetivo de estos fondos no es otro que el de favorecer la competitividad de las empresas. Por lo que acabaríamos financiando proyectos que antepongan la competitividad y, por tanto, los intereses empresariales. Con todo, todavía hay espacio para la garantía social y climática, aunque menor. La prioridad número uno es la competitividad. La número dos es digital y verde. Ambas se citan como meros instrumentos para alcanzar esta competitividad. Pienso que debería ser al revés. La meta debería ser social, pragmática. Aquí el único objetivo es la competitividad. En mi opinión, ésa es la mayor debilidad de este plan europeo. No obstante, si los países utilizan estos fondos para fortalecer, no sé, estructuras, ejes y dimensiones públicas, entonces pueden tener un impacto muy positivo. Pero me temo que, también a nivel nacional, la lógica que prevalecerá será otra muy distinta. Todo dependerá de los gobiernos y de la movilidad oceánica de la gente.
—Cuando uno lee el contenido de los fondos de recuperación europeos, éstos parecen centrarse principalmente en la digitalización y la transición ecológica a través de la activación de uniones público-privadas. La inversión en el sector público (por ejemplo, en la salud pública, la ciencia pública, la sanidad pública…) parece mucho más matizada o casi inexistente. ¿Me equivoco…?
—Es toda una contradicción en sentido estricto. Sí, efectivamente, esta es la lógica europea de todos los tiempos. Lamentablemente, es así. Sin embargo, también es cierto que hay una cierta apertura a las entidades públicas. En este preciso momento, se juega la carta de los proyectos que los países miembros propondrán a la UE. Está sobre la mesa una petición de reformas estructurales como contrapartida a la que nos oponemos vivamente. Esa es otra lucha que lidiar. Con todo, hay un pequeño margen de maniobra, que si bien no cambiará la lógica de este proceso sí que guiará la forma de combatirlo. Existen muchas cosas por las que seguir luchando. Ahora se debe luchar por lo concreto: qué proyectos [salen adelante], con qué garantías sociales, climáticas, etc. Y, luego está, efectivamente, toda la lucha de fondo de cómo garantizamos y nos movilizamos para lograr anteponer el bienestar de los trabajadores, de los ciudadanos, de la gente a la competitividad internacional. Ésta es, digamos, la línea base a seguir.
—¿Hay entonces un mensaje de esperanza para la sociedad europea?
—Cuando reflexionamos sobre la UE, una cosa que constatamos es que existe un enorme sentido de unidad entre las diferentes empresas connacionales que aún siguen logrando coordinarse en las luchas. Consiguen sacar adelante proyectos conjuntos. Y creo que a nivel de las luchas sociales, lo hacemos demasiado poco.
“Necesitamos una unidad social por y para el pueblo, para los trabajadores europeos. Y lo vemos una vez más en las vacunas. Lograr esto es importante porque no podemos ganar estas batallas sólo en Bélgica, sólo en Italia, sólo en Alemania… Necesitamos un movimiento social europeo. Es obvio, y por lo tanto, mi esperanza es esa. Veo que, en los últimos años, los trabajadores de Ryanair, por ejemplo, pero también otros trabajadores, han lanzado movimientos europeos. Espero que esta pandemia y todo el debate en torno a las vacunas pueda permitirnos fortalecer la dimensión europea de nuestras luchas.
Casandra Greco es investigadora científico-social, filósofa, bioeticista y experta en salud pública y medicina preventiva.
Esta entrevista fue publicada originalmente en CTXT / Revista Contexto, y es reproducida aquí bajo la licencia Creative Commons.
