La libertad de expresión: conflictos e intereses, contradicciones y paradojas
Julian Assange dirigía WikiLeaks en julio de 2010, cuando publicó un vasto cúmulo de documentos del gobierno de Estados Unidos que revelaban detalles de las operaciones políticas, militares y diplomáticas estadounidenses. Con extractos publicados por el New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País, el archivo proporcionó una visión más profunda del funcionamiento internacional del Estado del país vecino, que cualquier otra cosa vista desde que Daniel Ellsberg dio los Documentos del Pentágono a los medios de comunicación en 1971. Diez años han pasado de este episodio, y el tema de la libertad de expresión sigue siendo un asunto sin duda complejo. Lo que para unos es libertad expresiva, para otros es simple libertinaje expresivo. Hoy asumen que la libertad de expresión es una cosa, pero mañana otra muy distinta. Incluso los que defienden la libertad expresiva están en contra de otros que la asumen de manera distinta. Y México, por supuesto, no está exento de la polémica. ¿Cómo internarse en esta reñida ruta, con qué ángulo, qué parámetros, cómo abordarlo? El filósofo Carlos Herrera de la Fuente nos muestra en este ensayo lo espinoso del asunto —sobre todo en nuestro país— al grado de aducir que, según un discurso evidenciado en el ámbito intelectual, México es una nación de corrupción pero sin corruptos…
La coartada perfecta de la sociedad liberal
¿Qué es la libertad de expresión? Tal vez no exista un concepto más difícil de definir en el mundo contemporáneo, a pesar de representar, supuestamente, el valor supremo de las sociedades liberales. Esa evidencia es justo la que dificulta su definición, porque nos somete a una serie de preconcepciones desde cuya perspectiva todo debería resultar fácil y armónico en torno a ese “valor sagrado”.
Pero en la realidad no es así.
En la realidad, y en cualquier lugar del orbe (sin importar que se trate de países del primer o tercer mundo), expresarse libremente, sin trabas ni cortapisas, es siempre un riesgo, significa confrontarse con una serie de poderes visibles e invisibles, que una vez señalados se activan y muestran la virulencia de su poderío. Y, sin embargo, no hay cosa que no se haga por la libertad de expresión: desde condenas internacionales hasta intervenciones militares, desde inhabilitaciones de presidentes hasta golpes de Estado. Todo lo justifica la defensa de la libertad de expresión. La libertad de expresión es la coartada perfecta de la sociedad liberal.
Ahora bien, basta analizar superficialmente cualquier acto internacional de intervención (política o militar) en algún país del mundo con el pretexto de la defensa de la libertad de expresión o la democracia (normalmente encabezada por el policía global: Estados Unidos) para darse cuenta de inmediato de que el objetivo real no tiene nada que ver con esos principios, sino con el verdadero valor del moderno mundo capitalista: el poder económico, apuntalado por el poder político.
Se tendría que ser un Vargas Llosa o un Bernard-Henri Lévy para negar que la última invasión a Irak, que derrocó a Sadam Hussein, no tuvo nada que ver con la defensa de la democracia y la libertad de expresión (mucho menos con la búsqueda de “armas de destrucción masiva”) sino, más bien, con la intención del poder norteamericano de adueñarse de los recursos petroleros del Medio Oriente.
¿Por qué no dice nada Estados Unidos contra el poder despótico de Arabia Saudita y las monarquías árabes, donde la libertad de expresión es igual a cero, y sí contra un país como Venezuela, el cual, comparado con Arabia Saudita, es un oasis de la libertad de expresión y manifestación?
La respuesta resulta hasta molesta por la evidencia: porque, aunque las dos son regiones petroleras de importancia estratégica para Estados Unidos, los gobiernos de la primera son aliados indiscutibles de él, mientras que el segundo intenta (y sólo intenta) construir una economía y una política autónomas.
Sin perjudicar los poderes hegemónicos
Los supuestos adalides de la libertad de expresión, aliados con los poderes económicos y políticos vigentes, la defienden a capa y espada siempre y cuando su ejercicio no signifique ninguna alteración del orden establecido; esto es, siempre y cuando su ejercicio no sirva para nada. Apenas se pone en riesgo el más mínimo rasgo de continuidad de esa sociedad generadora de pobreza, de injusticias y sostenedora de gobiernos auténticamente autocráticos y totalitarios, entonces esos mismos defensores del susodicho “valor sagrado” se levantan para decir que se está atacando “el corazón” de las sociedades democráticas, que la “verdadera” libertad de expresión no puede significar la alteración del orden, que la libertad de expresión tiene que resguardar las instituciones autónomas (protectoras de los intereses de las élites y el mercado), etcétera, etcétera.
El punto es que todo el mundo sabe, sin formularlo explícitamente, que en el sistema capitalista, propio de las sociedades liberales, rigen siempre dos tipos de valores contrapuestos: los que se manejan en el plano discursivo y los verdaderamente vigentes en la realidad.
En el plano discursivo se habla de democracia, justicia, libertad de expresión, etcétera; en el plano real, todos saben que gobiernan las estructuras oligárquicas, que la impunidad campea a sus anchas, que la libertad de expresión sólo vale si no perjudica los poderes hegemónicos, etcétera. Todo el mundo lo sabe. Pero no todos lo dicen, y mucho menos lo demuestran. Ése es el quid del asunto.
Mientras lo que todos saben permanece en silencio; mientras lo que todo el mundo conoce, de forma directa o indirecta, se queda encerrado en la mente de cada uno, las cosas continúan con la misma inercia. Incluso cuando se señalan en su generalidad, sin poder demostrarse nada en concreto. Escribir, por ejemplo, que el sistema es corrupto, que todo negocio importante, de escala nacional o internacional, implica distintos niveles de cohecho, evasión de impuestos, fraudes fiscales, utilización de “palancas” políticas e influencias en todos los poderes que conforman el orden político (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) es algo que puede dignificar a la persona que lo redacta, pero que de poco o nada sirve para cambiar en lo más mínimo la realidad. Justo porque todos lo saben y están acostumbrados (estamos acostumbrados) a vivir con esa verdad anónima.
Decir: todos roban o todos infringen la ley o todos son corruptos, sirve tal vez para descargar la ira o la frustración colectiva (a veces, incluso, para justificar algún acto propio de dudosa validez moral o jurídica), pero no para cambiar la realidad.
Hay corrupción, jamás corruptos
Todo cambia, sin embargo, cuando el conocimiento cotidiano de la corrupción moral y legal del sistema se revela con nombres concretos, con historias particulares que no sólo son exhibidas en los medios públicos, producto de una furia momentánea o de un ataque político o personal, sino además se fundamentan en documentos y pruebas irrefutables.
Entonces se altera el orden simbólico, se genera un “escándalo” que pone en jaque la normalidad del sistema y se activan los mecanismos de defensa. Esa verdad, como lo diría Žižek en lenguaje lacaniano, llega a oídos del Gran Otro (el sustento del orden simbólico general) y produce una escisión en su continuidad normalizada.
Es curioso cómo casi todos los periodistas e “intelectuales” comprometidos con el sistema neoliberal aceptan como verdad que el sistema tiene “imperfecciones”, que hay corrupción a escala masiva, que hay impunidad, que reina el “influyentismo”, etcétera. Pero apenas se demuestra en los casos concretos lo que todo el mundo sospecha, dichos periodistas e “intelectuales” pasan de inmediato a la defensa de las personas implicadas, tengan el nombre que tengan: hablan de persecuciones políticas, de difamaciones, de revanchas personales, etcétera. Así, se acepta que hay corrupción, pero jamás corruptos (paradoja de paradojas: una corrupción sin corruptos).
O, bien, se admite que el sistema funciona a base del espionaje, la mentira, los asesinatos selectivos, las intervenciones militares por intereses económicos, etcétera, pero al instante en que se hacen públicos todos esos actos que el mundo entero conoce, apenas se demuestran con verdaderas pruebas, surgen las voces comprometidas con el sistema que dicen que se violentó el derecho internacional, que se “traicionó el régimen democrático”, que se actuó en contra de las instituciones, etcétera.
En resumen, apenas se esboza el más mínimo rasgo de verdadera libertad de expresión, los apologistas del sistema dicen de inmediato que ésa no es la libertad de expresión.
El caso de las revelaciones filtradas
El caso de Julian Assange es el más representativo de esta paradoja en la actualidad. Como es conocido, entre abril y noviembre de 2010, la página de Wikileaks (creada y dirigida por el propio Assange) publicó una serie de videos y documentos ultraconfidenciales del gobierno estadounidense (que, como poco después se supo, le fueron facilitados por el entonces analista de inteligencia del ejército norteamericano Bradley E. Manning, más tarde Chelsea Manning), los cuales revelaron, con pruebas fehacientes, el asesinato sistemático de civiles durante las invasiones de Afganistán e Irak.
La primera filtración (abril de 2010) fue un video, filmado en junio de 2007, en el que aparecía un grupo de soldados norteamericanos montados en un helicóptero Apache desde el cual disparaban a población civil y periodistas, burlándose simultáneamente de su atroz acto. Más tarde se filtraron también registros de la guerra de Afganistán (julio de 2010), de la guerra de Irak (octubre de 2010) y, finalmente, una serie de telegramas y mensajes enviados al Departamento de Estado de la Unión Americana por 274 consulados, embajadas y misiones diplomáticas alrededor del mundo desde 1966 hasta el año 2010 (filtración conocida en inglés como Cablegate).
A lo largo de todos estos documentos, se demuestra, con pruebas irrefutables, la forma en la que Estados Unidos, en su combate contra los “enemigos de la democracia”, el “comunismo” y el “terrorismo” ha practicado sistemáticamente el asesinato de civiles, periodistas y demás personas que, en la arrogancia imperial, se han clasificado siempre como “daños colaterales”.
Ante esta serie de impresionantes revelaciones que, en su origen, fueron compartidas con diarios y revistas de alcance internacional, tales como The Guardian, The New York Times y Der Spiegel, la respuesta de la supuesta “justicia internacional” fue la de una persecución desquiciada contra el fundador de Wikileaks, en la que se emplearon medios tan bajos y viles como una falsa acusación de violación contra Assange en un tribunal sueco con la finalidad de llevarlo desde Inglaterra (donde se encontraba en el momento en el que estalló el escándalo de las filtraciones) a Suecia y, desde ahí, extraditarlo a Estados Unidos (país donde las autoridades militares exigen la aplicación de la pena de muerte, por el delito de traición a la patria, a un sujeto que ni siquiera es ciudadano estadounidense y, por lo tanto, no está regido por las leyes de dicho país).
Todos sabemos el calvario que ha sufrido y sufre aún Assange en su lucha contra el poder imperial al cual desnudó. ¿Pero qué dicen los supuestos “defensores de la libertad de expresión” contra este vil atropello”? Oigamos hablar a uno de ellos:
“La libertad de expresión se complementa, en una sociedad libre, con los tribunales de justicia, los parlamentos, los partidos políticos de oposición y esos son los canales adecuados a los que se puede y debe recurrir si hay indicios de que un gobierno oculta o disimula delictuosamente sus iniciativas y quehaceres. Pero atribuirse ese derecho y proceder manu militari a dinamitar la legalidad en nombre de la libertad es desnaturalizar este concepto y degradarlo de manera irresponsable, convirtiéndolo en libertinaje. Eso es lo que ha hecho WikiLeaks y, lo peor, creo, no en razón de ciertos principios o convicciones ideológicas, sino empujado por la frivolidad y el esnobismo, vectores dominantes de la civilización del espectáculo en que vivimos” (Mario Vargas Llosa, “Julian Assange en el balcón”, El País, 26 de agosto de 2012).
¡Recurrir a “los tribunales de justicia, los parlamentos, los partidos políticos de oposición” justo cuando lo que se revela es que todas esas instituciones están coludidas con el poder militar que ha cometido las atrocidades en cuestión!
La libertad de expresión de Assange vale precisamente porque se enfrenta contra toda una estructura de poder imperial que violenta los principios de la democracia, la justicia y el respeto a los derechos humanos a nivel internacional, y la exhibe en su conjunto (y a lo largo de los últimos 50 años).
La sentencia contra una opinión
¿Qué pensará Sergio Aguayo, en un contexto más restringido, de carácter nacional (aunque no escindido de la problemática fundamental de la que se habla), cuando se les recomienda a aquellos sujetos que cuentan con pruebas y evidencias de violaciones de derechos humanos o actos de corrupción acudir a los tribunales de justicia para procesar legalmente sus denuncias? ¿No fue una sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (la Sexta en materia civil) la que ordenó, el pasado 10 de octubre de 2019, al académico y periodista pagar una multa de 10 millones de pesos por concepto de “daño moral” al ex gobernador de Coahuila y ex dirigente del PRI, Humberto Moreira, razón por la cual, el 28 de enero del presente año, el mismo periodista tuvo que transferir 450,000 pesos exigidos como garantía para evitar el embargo de sus bienes?
La persecución política y judicial contra Sergio Aguayo no fue sólo el producto de una simple expresión como la que éste escribió en enero de 2016 en una columna política, poco después de la detención de Humberto Moreira en España (15 de enero de 2016), en la que afirmó que este último desprendía “un hedor corrupto”, sino del respaldo de dicha columna en una investigación anterior que había realizado junto con varios colegas de El Colegio de México sobre el crimen organizado en Coahuila durante el gobierno de Moreira. En este caso, una opinión es penada con una sentencia grave por supuestamente atentar contra la integridad de una persona perseguida por la justicia internacional.
Reporteros Sin Fronteras (sede española) ha resumido con precisión la injusticia que envuelve la decisión judicial de las autoridades correspondientes de la Ciudad de México: “El magistrado Olea Contró [quien dictó la sentencia] interpretó y aplicó de manera dolosa e inadecuada el Estándar de Malicia Efectiva. Dicho estándar tiene que ser aplicado a géneros periodísticos de información que por su propia naturaleza implican un contenido de ‘hechos’. En este caso concreto se trata de una ‘columna de opinión’. Tal como lo ha establecido la SCJN, el estándar de Malicia Efectiva sólo se puede aplicar en la difusión de hechos y no de opiniones, ideas y juicio de valor… Al aplicar de manera inadecuada este estándar, lo convirtió en uno de sus argumentos más fuertes para sustentar su condena”.
Posible conclusión
Así es, pues, como le va a la libertad de expresión en nuestros días.
¿Qué conclusiones sacar de todo esto?
En primer lugar, que, para los poderes dominantes, la libertad de expresión es un parapeto construido con el propósito de protegerse del ataque de sus detractores y justificar todas las atrocidades habidas y por haber en nombre de la “defensa de la democracia”.
En segundo lugar, que la libertad de expresión efectiva, aquélla que es ejercida por quienes sufren los embates del poder, es siempre una herramienta de lucha que, cuando toca puntos sensibles o desnuda la perversa lógica de la corrupción y del dominio, será perseguida, castigada y suprimida.
No hay otra opción.
En las sociedades “liberales” como las nuestras, donde los valores reales (los del dinero y el poder político) mandan silenciosamente sobre los valores discursivos (los de la democracia y la libertad de expresión), hablar libremente, denunciar los conflictos de interés y la corrupción, desnudar el funcionamiento del poder y su violación sistemática de los derechos humanos, significa arriesgar la vida y la seguridad propia.
La libertad de expresión como valor supremo y como derecho garantizado por la institucionalidad sólo podría ejercerse sin temor a ser reprimida en una sociedad donde la lógica de los poderes económico y político no fuera la determinante fundamental, y los valores discursivos fueran a su vez los valores reales que gobernaran la vida de todos los ciudadanos. Algo que, hasta donde se sepa, nunca ha sucedido en la historia de la humanidad.
